La Secretaría General de la Delegación del Gobierno central en la región de Murcia ha multado con 30.000 euros a una empresa de Murcia y a otra de Calasparra por violar los derechos de los trabajadores extranjeros y su integración social en España.

Se trata de la sociedad limitada murciana que responde a las iniciales K.P. y de la calasparreña que lo hace a las de M.T., cuyos responsables pueden recurrir las sanciones en el plazo de un mes.

Por el mismo motivo, las empresas P.A., de Murcia, y M.B.S.S., de la pedanía de Sangonera la Verde, han sido multadas con 10.000 euros cada una. EFE