Al igual que un acusado no tiene por qué declarar contra sí mismo -es decir: no está obligado a inculparse; más al contrario, parece obligado que un acusado mienta para evitar el castigo-, la Ley también permite que un imputado no declare siquiera en sede judicial durante la fase de instrucción.

Ahora bien, y dicho esto, ¿qué opinión merece que todo un delegado del Gobierno como Joaquín Bascuñana, otrora consejero de Obras Públicas, se aferre a este derecho para no responder por el asunto Novo Carthago, aprobado por él cuando debía conocer que se estaba vulnerando la normativa medioambiental?

Que el máximo representante del Gobierno en Murcia -el máximo representante del propio ministerio del Interior-, no responda ni al juez ni al fiscal es, cuanto menos, sorprendente, dejémoslo ahí.