El autor de la denuncia amplía la querella ante la Audiencia Nacional y afirma: “No me puedo estar quieto cuando está habiendo desahucios con familias y niños”
El abogado de Murcia Diego de Ramón, firmante de la denuncia contra la ex directora de la CAM, decía este martes que también pretende aclarar la responsabilidad política que han tenido los dirigentes políticos en el ‘agujero’ de la Caja. Al tiempo, ampliaba la querella y reclama que se investiguen la participación de la CAM en 21 sociedades del sector inmobiliario radicadas fuera de España.
La denuncia, que será investigada por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-
Marlaska, deberá determinar la vinculación de las administraciones políticas de Valencia y Murcia y qué grado de conocimiento tenían de la situación que vivía la CAM. "Mi objetivo ahora es buscar la vinculación de los políticos de Murcia, Valencia o de Madrid que tuvieran responsabilidad en la CAM obteniendo privilegios y preferencias", en referencia a créditos a cero interés y sin plazo de amortización. “Eso es escandaloso y máxime cuando estos días hay desahucios con familias y niños. No me puedo estar quieto", dijo De Ramón ante un grupo de periodistas.
En la querella se acusa a María Dolores Amorós de delito societario, estafa y falsedad documental. Y estas acusaciones se hacen extensibles a otros ex altos cargos de la entidad.
Esta querella se suma a la que presentó en agosto el Manos Limpias contra Amorós y su antecesor, Roberto López Abad, contra los ex presidentes Vicente Sala y Modesto Crespo, y contra los ex directivos Daniel Gil, Francisco Martínez, además del antiguo presidente de la Comisión de control de la CAM, el murciano Ramón Avilés.
En la ampliación de la querella presentada por Diego de Ramón, el abogado solicita que se investigue 21 sociedades inmobiliarias son sede social en el extranjero con el objetivo de determinar una pérdida patrimonial de 4.000 millones de euros. La Caja, según la documentación aportada por el denunciante, tenía 1.700 millones en participaciones directas o indirectas en 119 sociedades, 52 de ellas del sector inmobiliario con intereses tanto en España como en México, Costa Rica, Polonia, Marruecos, Holanda y las Islas Caimán, entre otros.
Una de estas empresas participadas en un 30% es Hansa Urbana, con sede en México, donde construyó promociones inmobiliarias y hoteles, y que recibió un crédito de 114 millones de euros que aún no ha devuelto.
La denuncia, que será investigada por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-
Marlaska, deberá determinar la vinculación de las administraciones políticas de Valencia y Murcia y qué grado de conocimiento tenían de la situación que vivía la CAM. "Mi objetivo ahora es buscar la vinculación de los políticos de Murcia, Valencia o de Madrid que tuvieran responsabilidad en la CAM obteniendo privilegios y preferencias", en referencia a créditos a cero interés y sin plazo de amortización. “Eso es escandaloso y máxime cuando estos días hay desahucios con familias y niños. No me puedo estar quieto", dijo De Ramón ante un grupo de periodistas.
En la querella se acusa a María Dolores Amorós de delito societario, estafa y falsedad documental. Y estas acusaciones se hacen extensibles a otros ex altos cargos de la entidad.
Esta querella se suma a la que presentó en agosto el Manos Limpias contra Amorós y su antecesor, Roberto López Abad, contra los ex presidentes Vicente Sala y Modesto Crespo, y contra los ex directivos Daniel Gil, Francisco Martínez, además del antiguo presidente de la Comisión de control de la CAM, el murciano Ramón Avilés.
En la ampliación de la querella presentada por Diego de Ramón, el abogado solicita que se investigue 21 sociedades inmobiliarias son sede social en el extranjero con el objetivo de determinar una pérdida patrimonial de 4.000 millones de euros. La Caja, según la documentación aportada por el denunciante, tenía 1.700 millones en participaciones directas o indirectas en 119 sociedades, 52 de ellas del sector inmobiliario con intereses tanto en España como en México, Costa Rica, Polonia, Marruecos, Holanda y las Islas Caimán, entre otros.
Una de estas empresas participadas en un 30% es Hansa Urbana, con sede en México, donde construyó promociones inmobiliarias y hoteles, y que recibió un crédito de 114 millones de euros que aún no ha devuelto.
