Argentina ha presentado una demanda contra Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, por considerar que las decisiones adoptadas por los tribunales estadounidenses en el conflicto por la deuda con los fondos buitre violan su inmunidad soberana.

En su presentación, Argentina acusa a Estados Unidos por su presunta "violación de su obligación internacional de respetar la soberanía de la República Argentina, en particular sus inmunidades soberanas".

También le demanda por la supuesta "violación de su obligación internacional de no aplicar o estimular medidas de carácter económico y político para forzar la voluntad soberana de otro Estado y la obligación internacional de ejercer de buena fe y conforme a derecho las funciones judiciales que Argentina ha aceptado en el marco exclusivo del alcance de esta aceptación".

"La responsabilidad internacional de los Estados Unidos por la violación de las obligaciones mencionadas surge, principalmente, de la acción de uno de sus órganos, el Poder Judicial", dijo la Jefatura de Gabinete de Argentina en un comunicado.

Las críticas a la Justicia estadounidense se basan en la sentencia del juez neoyorquino Thomas Griesa a favor de fondos de inversión especulativos (‘fondos buitre’) que demandaron a Argentina por bonos impagados desde 2001 y que no ingresaron a los canjes de 2005 y 2010.

El fallo de Griesa quedó firme después de que en junio pasado el Tribunal Supremo estadounidense rechazara un recurso del Gobierno argentino contra la sentencia del magistrado neoyorquino.

Como parte de la aplicación de la sentencia, por la que Argentina debe pagar a los litigantes 1.330 millones de dólares más intereses, Griesa ha bloqueado fondos que Argentina depositó en el Bank of New York Mellon para afrontar un vencimiento del pasado 30 de junio con acreedores de la deuda reestructurada.

Según insistió hoy el Gobierno de la presidenta argentina, Cristina Fernández, esas decisiones "vulneran la determinación soberana de la República Argentina de reestructurar su deuda externa".

"De tal manera, dado que un Estado es responsable por la conducta de todos sus órganos, las violaciones mencionadas han generado una controversia entre la República Argentina y los Estados Unidos", afirma el comunicado.

Argentina dijo que somete este desacuerdo a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, "en tanto que principal órgano judicial de la Naciones Unidas, brindando así a los Estados Unidos la oportunidad para resolver esta controversia de conformidad a derecho y a la justicia".

Si EE UU no aceptara la competencia de La Haya, Argentina entiende que ese país "está en la obligación de indicar un medio de solución pacífica alternativo para resolver" la controversia.

Según Buenos Aires, las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas, de la Carta de la Organización de Estados Americanos "y del derecho internacional general "imponen a los Estados la obligación de solucionar sus controversias por medios pacíficos".

Durante la instancia de la causa en la Corte Suprema, el Gobierno del presidente estadounidense, Barack Obama, se presentó en el proceso como "amicus curiae" (amigo de la corte) de Argentina, una figura jurídica que representa el apoyo a una de las partes ante el tribunal de un tercero no implicado en la causa.

Así, el 21 de abril pasado el subprocurador general de Estados Unidos, Edwin Kneedler, hizo una presentación de diez minutos ante el Supremo en respaldo de la posición de Argentina, según la cual lo dispuesto por Griesa viola las leyes de inmunidad extranjera.

El jefe de Gabinete argentino, Jorge Capitanich, acusó hoy en rueda de prensa a Griesa de actuar como un "Santo Padre" que "promueve la inseguridad jurídica" al bloquear el pago de los bonos reestructurados.

Capitanich recordó que el pago al 92,4% de los acreedores de Argentina, aquellos que sí aceptaron los canjes de 2006 y 2010, es una obligación legal tanto para Argentina como para el Bank of New York, el agente fiduciario encargado de transferir a los inversores el dinero que Argentina depositó en días previos al vencimiento del 30 de junio.