El director general de MyTaxi España, Antonio Cantalapiedra, critica la forma en que Uber, la aplicación que ha puesto en pie de guerra al sector del taxi, ha irrumpido en el país, ignorando la normativa vigente, y recuerda que todas las empresas han de cumplir por igual las leyes y pagar impuestos.

Cantalapiedra es el primer ejecutivo en España de MyTaxi, una joven empresa tecnológica alemana que ha desarrollado una exitosa aplicación que permite pedir y pagar un taxi a través del teléfono móvil.

Este servicio, que llegó aquí en 2012, suma cientos de miles de descargas en España y es utilizado actualmente por unos 4.000 taxistas de Barcelona y Madrid.

Una acogida bien distinta entre el colectivo de taxistas ha tenido en España la aplicación Uber, que permite contratar un transporte entre particulares, lo que ha generado las críticas y protestas del sector y ha motivado las primeras sanciones por parte de la Generalitat.
 

Cantalapiedra defiende la actual tendencia del denominado "consumo colaborativo", pero advierte de que "tiene que haber un control" y que cualquier actividad de este tipo ha de respetar la legalidad, ya que "las reglas de juego son iguales para todos".

Asegura que Uber es "una aplicación amiga", pero que no está de acuerdo en cómo se ha implantado en España, haciendo caso omiso de algunas de las normas que rigen el sistema de transporte de viajeros del país.

"Queremos que acepten la regulación al llegar a una ciudad. No pueden llegar y seguir operando aunque se lo prohíban, porque eso es una tomadura de pelo a ciudadanos y taxistas", sostiene Cantalapiedra.

El director general de MyTaxi España destaca asimismo que los taxistas no están en contra de la innovación, de Internet o de las nuevas tecnologías, sino que exigen que se cumpla la normativa y se ponga coto al intrusismo en el sector.

"Se está dando la idea de que el taxi es un sector anclado en el pasado y eso no es cierto", subraya el ejecutivo, que recuerda la buena acogida que desde un primer momento ha tenido la aplicación MyTaxi en España.

Por este motivo Cantalapiedra confía en que las administraciones públicas adopten las medidas necesarias que garanticen la buena conducta de las empresas que operan en el sector de la movilidad privada.

En Cataluña, la Generalitat ha exigido a Uber que cese su actividad y ha anunciado que castigará cada infracción de la normativa de transporte de viajeros con multas de hasta 6.000 euros.

Uber, sin embargo, avisa que recurrirá cualquier sanción que limite su actividad en Barcelona y que, entre tanto, continuará apoyando a sus conductores asociados y atendiendo a sus viajeros en la ciudad.