La Delegación del Gobierno en Murcia ha impuesto una sanción de 50.000 euros a una empresa de la construcción con sede en Cartagena por vulnerar los derechos y libertades de los trabajadores extranjeros en España.La resolución indica que sus responsables disponen de un mes de plazo para presentar el oportuno recurso.

Por el mismo motivo, una empresa de Cieza ha sido multada con 10.000 euros, según se recoge en otro acuerdo de la Delegación del Gobierno.