Nacida de la lógica desesperación, de la frustración de expectativas de personas y familias enteras, incluso de la propia necesidad en su acepción más básica y aderezada por la falta de reflejos de una casta política, en su inmensa mayoría, especializada en promover desatinadas respuestas cuando no notorios escándalos con el nada ejemplar comportamiento de algunos de sus miembros, en estos últimos años ha venido fraguándose un movimiento “alternativo” con propuestas en algunos casos muy sugerentes y cargadas de sentido común, pero también con una alta dosis de demagogia, rebosante de elementos caducos y amortizados desde el fracaso universal del comunismo y no digamos de la exégesis del movimiento asambleario y anarcoide que propugnan como mecanismo de toma de decisiones y como único límite a sus aspiraciones, olvidando por completo las servidumbres y compromisos del derecho internacional al que España como nación está sujeta y la no menos subordinación a la legislación europea –a la que por cierto aspirábamos a parecernos-, así como a las obligaciones contraidas con organismos internacionales tanto políticos como económicos, amén de lo estipulado en la Constitución española de la Concordia de 1978.

Sin pretender en absoluto ningunear a movimiento alguno por muy basado en la contrariedad que esté, y con la convicción de que hay un antes y un después de la crisis del 2008, que se irá percibiendo en los próximos años con cambios sustanciales en muchos aspectos de la vida política y sobre todo en modificaciones sustanciales del paradigma que ha sustentado hasta ahora nuestro sistema, sí que  quisiera dejar constancia que este año 2014 se cumplen ni más ni menos que cinco lustros de la toma de conciencia política sustanciada en Porto Alegre (Brasil) en 1989 y que fue seguida en los años 90 en Europa y EE.UU. y que convergen en la creación y puesta en marcha de nuevos instrumentos de participación con medidas encaminadas a revitalizar la implicación de la ciudadanía en la política y fortalecer a las propias instituciones. Estamos hablando del concepto de “Democracia Participativa” y de las primeras muestras de esa profundización democrática que supone el acercar al ciudadano la toma de decisiones y la transparencia en la gestión pública.

Democracia participativa es una expresión amplia que se suele referir a formas de democracia en las que los ciudadanos tienen una mayor participación en la toma de decisiones políticas que la que les otorga tradicionalmente la democracia representativa, siendo esta última una de las democracias más usadas en el mundo. Estaríamos, pues ante una forma intermedia entre democracia representativa y democracia directa.

Puede definirse con mayor precisión como un modelo político que facilita a los ciudadanos su capacidad de asociarse y organizarse de tal modo que puedan ejercer una influencia directa en las decisiones públicas. Sin negar que todo sistema democrático eventualmente ha de descansar en decisiones mayoritarias, los mecanismos o instituciones de participación tienen el propósito de hacer hincapié en el pleno respeto a la opinión ciudadana y a su amplia manifestación a través de un mecanismo participativo e institucionalizado, en donde además se promueve la movilización social mediante cauces mixtos asociativos y también directos.

Asi pués, constatamos que el desapego de los ciudadanos hacia las instituciones políticas y las fórmulas para profundizar en las alternativas que el propio sistema democrático brinda, es muy anterior a la actual crisis y está mucho más relacionado con la evolución de la propia democracia que con la radicalización de comportamientos de algunos grupos surgida tras la actual crisis y que a la luz de sus aspiraciones de protagonismo político pretenden capitalizar como contribuciones propias.

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