El número de consejeros y altos directivos beneficiarios de cláusulas de blindaje en los bancos españoles asciende a 65 personas: 22 en el Santander, 14 en el Sabadell, 13 en el BBVA, 7 en Banesto, 3 en el Pastor y 1 en el Banco de Valencia, según los informes de Gobierno Corporativo. De esta forma, el Sabadell, el único banco que opta a comprar Caja Mediterráneo, es la segunda entidad española que más ejecutivos tiene blindados. Será esta la entidad que, en el caso de adjudicarse la caja, tendrá que decidir sobre las indemnizaciones millonarias de los consejeros y alta dirección de la entidad alicantina, muchas de ellas en proceso de investigación.

El primer caso que disparó las alarmas entre los usuarios bancarios sobre los contratos blindados de sus directivos fue el de María Dolores Amorós, directora general de la CAM. La ejecutiva, que asumió la responsabilidad a comienzos de 2011, acordó para sí un sueldo anual cercano a los 600.000 euros. Además, se garantizó el pago de una pensión vitalicia de 370.000 euros. Cuando el Banco de España intervino la caja y apartó a la directiva, Amorós, lejos de renunciar a parte de la remuneración, optó cudir a los tribunales para defender lo que considera como una indemnización justa, mientras también se apuntaba al paro para percibir la prestación por desempleo.

Tras conocerse la pensión vitalicia que había pactado para sí María Dolores Amorós, directora general de Caja Mediterráneo en el momento de la intervención, dos colectivos remitieron a la Fiscalía Anticorrupción una denuncia por las prácticas fraudulentas en la entidad. El Movimiento 15-M y una asociación de vecinos de Alicante pedían a la justicia que depurara "de forma oficial y pública los hechos acaecidos en la previsible mala gestión de la entidad y las responsabilidades en que hubieran incurrido sus órganos gestores".

El ministerio fiscal no solo se tomó en serio la denuncia, sino que aceptó otras provenientes de cajas que no habían sido intervenidas, como el caso de Novacaixagalicia.

Otro de los acontecimientos financieros que generó más asombro es el protagonizado por la anterior cúpula de Novacaixagalicia (fusión de Caixanova y Caixa Galicia). Cuatro altos cargos de la entidad, que fueron apartados de sus funciones poco antes la nacionalización de la caja, cobraron 23 millones de euros en concepto de blindaje por despido y las aportaciones de la caja a sus respectivos fondos de pensiones.

El último caso se produjo la semana pasada: cuatro ejecutivos de la cúpula de Caixa Penedès se garantizaron el cobro de un plan de pensiones que, en total, sumaba 20 millones de euros. Tras hacerse público, el presidente de la caja, Ricard Pagès, y el director general, Manuel Troyano, se vieron obligados a dimitir. El grupo BMN, donde se integró Caixa Penedès, ha recibido 915 millones de euros del FROB en forma de participaciones preferentes.

Otro caso sonado en la Comunitat Valenciana es el de Domingo Parra, ex director general de Banco de Valencia (participada por BFA-Bankia), que pactó para su salida el pago de una indemnización de 7,5 millones de euros.

La Fiscalía Superior de Cataluña anunció el viernes que va a abrir diligencias sobre la remuneración de la alta dirección de Caixa Penedès. El organismo ha tomado esta decisión al tener conocimiento de los planes de pensiones que se habían asignado directivos de la caja (20 millones para el presidente, el director general y otros dos ejecutivos). Su intención es "determinar si existe una posible responsabilidad penal".

La incógnita ahora es si estas investigaciones acabarán dando lugar a juicios y a posteriores sanciones. El único precedente es el de CCM, intervenida en 2009, y en el que la causa se está sustanciando actualmente en la Audiencia Nacional.

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