Casi dos millones de personas con pocos recursos reciben cada año la asistencia gratuita de un abogado. Es el 112 de la Justicia, un servicio financiado con los impuestos y que cuesta menos que en Europa. Las autonomías, sobre todo Madrid y Valencia, lo han recortado y deben casi un año a los abogados. Y quieren recortar aún más la Justicia gratuita, un derecho constitucional, dentro de otros recortes que ya está sufriendo la Justicia en muchas autonomías, sobre todo en personal, medios y nuevos juzgados. Varias autonomías del PP, con Madrid a la cabeza, quieren devolver las competencias de Justicia. Y Cataluña ha abierto la puerta del copago, subiendo las tasas judiciales para 2012.

Defender gratis a los que no tienen posibles se hace desde el siglo XIII, pero en España es un derecho reconocido en tres artículos de la Constitución (17.3, 24.2 y 119) y desarrollado en una Ley de enero de 1996. Con la crisis, han aumentado los beneficiarios (han de ganar menos de 14.910 euros anuales), 1,7 millones de personas en 2010. La mayoría son del turno de oficio (66%), seguido de la asistencia letrada al detenido (22%) y asistencia por violencia de género (4%), destacando los temas penales (64%) y civiles (20%).

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lustración: Enrique Ortega