El juez del Juzgado de lo Mercantil número Dos de Murcia ha ordenado la liquidación de Construcciones Villegas, tras comprobar que no se ha presentado ninguna propuesta de convenio antes de la Junta de Acreedores prevista para este jueves 16 de octubre.

Construcciones Villegas, una de las principales empresas de construcción de la Región, se encuentra en concurso de acreedores desde octubre de 2011, después de que no lograra refinanciar su deuda. En abril de 2011 se acogió al artículo 5.3 de la Ley Concursal (preconcurso de acreedores) y seis meses después entraba en concurso voluntario. De esta forma había ganado un tiempo para evitar los concursos necesarios que se le podían haber presentado por parte del centenar de acreedores que figura en la documentación judicial.

Entre las causas que abocaron a la constructora a la suspensión de pagos se encontraba los problemas generados por la morosidad de las administraciones públicas. Tanto en las comunidades de Murcia como de Valencia, Villegas alegó que tenía pendiente el cobro de unos 12 millones de euros de los gobiernos regionales; y otra cantidad importante de la Comunidad de Madrid y de varios ayuntamientos.

En 2009, último ejercicio hecho público por la sociedad, la firma acumulaba un pasivo de 135,24 millones, de los que 34,72 millones correspondían a entidades de crédito, mientras que 99,49 millones eran adeudados a proveedores. En el mismo periodo, disponía de fondos propios de 6,39 millones. También en 2009, logró ingresos de 62,70 millones, frente a los 51,53 registrados el año anterior.

La constructora, que en los últimos años había redirigido gran parte de su actividad hacia la rehabilitación y restauración de inmuebles, también presentó dos EREs: uno con 150 trabajadores afectados, y otro con 60 trabajadores.

En junio de 2012, con unas deudas de 88 millones de euros, la administración concursal emitió un informe en el que se indicaba que la constructora podría superar la situación y mantener una “actividad viable”, dado que los activos eran de 80 millones de euros, parte de los cuales facturas pendientes de pago de las administraciones públicas.

No obstante, trascurridos más de dos años, no ha sido posible el acuerdo con los acreedores y el juez ordena la liquidación de la empresa.

La administración concursal tiene ahora un plazo de diez días para presentar el plan de liquidación.