Dos mujeres deberán pagar una indemnización de 600 euros a un funcionario público del que dijeron que jugaba al dominó en horario de trabajo en unas octavillas que repartieron por varios lugares de Molina de Segura (Murcia); entre ellos, el cuartel de la Guardia Civil y la Comisaría de Policía.

La sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Murcia, que confirma otra de un Juzgado de Primera Instancia, incluye igualmente otra condena por la misma cantidad a un segundo demandante, del que dijeron que había "acosado moralmente" al cónyuge y padre de las demandadas.

El Juzgado de Primera Instancia, como hace ahora la Audiencia, consideró que el contenido de tales afirmaciones constituye una intromisión ilegítima en el derecho al honor de los dos demandantes, al no haber logrado demostrar tales afirmaciones.

El juez consideró acreditado que las dos mujeres distribuyeron un cartel tanto en organismos públicos como a través del correo electrónico enviado a diversas entidades y medios de comunicación social.

El mismo fue entregado en el cuartel de la Policía Local de Molina de Segura, en el de la Guardia Civil y en la Comisaría de Policía de esta población murciana, en los que, en cumplimiento de la sentencia, la misma deberá estar expuesta "por un periodo mínimo de quince días".

Señala el tribunal, que tiene como ponente al presidente de la Audiencia, el magistrado Andrés Pacheco, que las expresiones vertidas por las demandadas no pueden estar amparadas por la libertad de expresión.

Y añade que éstas, al señalar que el funcionario público se dedicaba a jugar al dominó por los bares de la localidad en su horario laboral -lo que no lograron acreditar-, "lo que pretendían era comunicar a cuantas más personas posibles que su actividad normal era la práctica de ese juego".