El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid ha ordenado cautelarmente la cesación y prohibición en todo el territorio nacional del denominado sistema Uber al considerar que sus conductores carecen de autorización administrativa para desarrollar la labor y que su actividad supone competencia desleal.

En un auto, el titular del citado Juzgado acepta así la solicitud que le hizo la Asociación Madrileña del Taxi antes de interponer su demanda y prohíbe que se oferten servicios de transporte online por parte de los trabajadores contratados de Uber, que pone en contacto online a usuarios y conductores de la citada empresa.

Según el magistrado, que ha tomado esta decisión sin escuchar a la sociedad, domiciliada en el refugio fiscal estadounidense de Delaware, no se trata de una cuestión de "debate filosófico" sobre la libertad de mercado en general y la economía cooperativa en particular, sino una protección cautelar basada en la legalidad vigente.