La Delegación del Gobierno en Murcia ha impuesto una sanción de 20.000 euros a una empresa del sector de la construcción que tiene su sede en la pedanía murciana de Santo Ángel por vulnerar los derechos de los trabajadores extranjeros y su integración social.

La resolución, a la que ha tenido acceso Efe, señala que sus responsables pueden conocer el contenido del expediente que fue levantado contra ellos en la sede de la vicesecretaría general de la Delegación del Gobierno.

Igualmente, dispone del plazo de un mes para formular el oportuno recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa.