El Gobierno ha aprobado la revisión del sistema de tasas judiciales para suprimirlas a las personas físicas en todos los órdenes e instancia, y el proyecto de ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para racionalizar el reparto de asuntos entre los juzgados.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha destacado que la reforma de la ley del Poder Judicial supondrá "agilizar" los tiempos de respuesta de los tribunales. Además, con esta reforma, que incluye también otras medidas para luchar contra la violencia de género, se quiere lograr "una mayor profesionalización" de los jueces.

El Consejo de Ministros ha aprobado también la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil para incorporar nuevas tecnologías y un proyecto de ley que regula el estatuto del miembro nacional de Eurojust.

Respecto a las tasas, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha explicado que la supresión de las mismas para las personas físicas responde a una "reivindicación" de la totalidad de los profesionales del sector que pedían su eliminación.

Según ha informado el Ministerio de Justicia en un comunicado, esta supresión de tasas se incluye en el decreto de medidas urgentes para la reducción de la carga financiera y de orden social, con lo que se sigue así trabajando "para que la Justicia esté al alcance de todos, garantizando la tutela judicial efectiva".

Reforma de la Ley del Poder Judicial

En cuanto a la reforma de la Ley del Poder Judicial, se plantean medidas para especializar juzgados de forma temporal y adscribir jueces o secretarios judiciales al juez que esté conociendo de una causa penal compleja. También se incluyen medidas para equilibrar el reparto entre determinados juzgados. Además, se extenderá la jurisdicción de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer para asegurar la especialización y facilitar que las víctimas denuncien.

La reforma contempla también medidas para que el juez de Violencia sobre la Mujer mejore la protección a la víctima al encargarse también de los delitos contra la intimidad, contra la propia imagen de la víctima y del delito de quebrantamiento de condena.

El proyecto contempla que los secretarios judiciales pasarán a llamarse letrados de la Administración de Justicia y que los Institutos de Medicina Legal se convertirán en órganos multidisciplinares para ofrecer una atención integral.