Reemplaza al de 1987 y destina 8 millones de metros cuadrados a actividad económica y 15 millones de metros a suelo residencial
La Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio ha aprobado la revisión del Plan General de Ordenación de Cartagena para su adaptación a la Ley del Suelo de la Región de Murcia y para "dar respuesta a las necesidades económicas e industriales del municipio, así como a las futuras infraestructuras de comunicación", según ha informado la Comunidad Autónoma este domingo.
La nueva norma urbanística establece una previsión de infraestructuras de futuro, con una reserva de suelo a medio y largo plazo para la llegada de transportes de mercancías a través del Corredor Mediterráneo, así como la Alta Velocidad.
El instrumento urbanístico revisado sustituirá al Plan de 1987, que ha estado vigente durante casi 25 años, con un alto grado de desarrollo y cuyas líneas generales se mantienen en una ciudad consolidada, en la que se propone una reordenación y mejora de las herencias urbanísticas.
En el nuevo texto normativo, al norte y al oeste quedan recogidos los crecimientos residenciales, y hacia el levante un crecimiento mixto de residencial y de actividad económica.
Por su parte, la oferta turística se localiza en el litoral de levante y poniente. Se valorizan los recursos paisajísticos de estas áreas para potenciar un turismo de calidad, aprovechando los escasos espacios susceptibles de transformación urbanística, ya que el Plan clasifica como suelo no urbanizable más del 71 por ciento del territorio.
El suelo urbanizable sectorizado para su desarrollo supone un cuatro por ciento del territorio municipal, con un total de 23,8 millones de metros cuadrados, de los que 15,5 millones se destinan a uso residencial y 8,3 para actividad económica.
La capacidad residencial del Plan es de 180.000 habitantes, lo que supone un crecimiento natural, ordenado y razonable, en un horizonte de 25 años, del 85 por ciento de la población actual.
Especial énfasis ha puesto el Plan en la previsión de suelos para actividad económica, con un total de 26 millones de metros cuadrados de suelo urbanizable, principalmente localizados en el entorno del parque empresarial de Los Camachos y el Valle de Escombreras, donde se establecen las medidas adecuadas para facilitar la implantación de usos industriales.
La nueva norma urbanística establece una previsión de infraestructuras de futuro, con una reserva de suelo a medio y largo plazo para la llegada de transportes de mercancías a través del Corredor Mediterráneo, así como la Alta Velocidad.
El instrumento urbanístico revisado sustituirá al Plan de 1987, que ha estado vigente durante casi 25 años, con un alto grado de desarrollo y cuyas líneas generales se mantienen en una ciudad consolidada, en la que se propone una reordenación y mejora de las herencias urbanísticas.
En el nuevo texto normativo, al norte y al oeste quedan recogidos los crecimientos residenciales, y hacia el levante un crecimiento mixto de residencial y de actividad económica.
Por su parte, la oferta turística se localiza en el litoral de levante y poniente. Se valorizan los recursos paisajísticos de estas áreas para potenciar un turismo de calidad, aprovechando los escasos espacios susceptibles de transformación urbanística, ya que el Plan clasifica como suelo no urbanizable más del 71 por ciento del territorio.
El suelo urbanizable sectorizado para su desarrollo supone un cuatro por ciento del territorio municipal, con un total de 23,8 millones de metros cuadrados, de los que 15,5 millones se destinan a uso residencial y 8,3 para actividad económica.
La capacidad residencial del Plan es de 180.000 habitantes, lo que supone un crecimiento natural, ordenado y razonable, en un horizonte de 25 años, del 85 por ciento de la población actual.
Especial énfasis ha puesto el Plan en la previsión de suelos para actividad económica, con un total de 26 millones de metros cuadrados de suelo urbanizable, principalmente localizados en el entorno del parque empresarial de Los Camachos y el Valle de Escombreras, donde se establecen las medidas adecuadas para facilitar la implantación de usos industriales.