Es un 13% más que en 2010 * Destacan las de construcción, alimentación y distribución
En el conjunto de 2011 se registraron en la Región 233 procesos concursales, un 13% más que en 2010, según los datos publicados en el Boletín Oficial del Estado. En el conjunto de España fueron más de 6.000, un 14% más que un año antes, lo que supuso una cifra récord.
De cara a 2012, los diversos informes elaborados por Crédito y Caución y la consultora D&B no auguran ningún indicio que permita anticipar un descenso en estos niveles, al menos durante el 1º semestre del año. Aunque cabe esperar que se mantenga el buen comportamiento de las exportaciones, la reactivación económica en España sigue siendo débil, marcada por una demanda interna que sigue ralentizándose. El acceso a la financiación bancaria de las empresas, que sigue siendo una de las principales causas de impago, insolvencia y concurso, aun no muestra síntomas de mejora. La entrada en vigor de la reciente reforma de la Ley Concursal tampoco supondrá cambios en los niveles de concursalidad.
La evolución de la estadística de los concursos es un indicador más del entorno económico, si bien sus cifras absolutas no reflejan con fidelidad el impacto en el tejido productivo. Según una estimación reciente del Consejo General de Economistas Forenses, sólo el 2% de total de empresas que cesan su actividad en España lo hace a través de un concurso de acreedores.
Según destaca Crédito y Caución, el crecimiento general de los niveles de insolvencia judicial se ha reproducido en todas las comunidades autónomas, salvo Aragón y Asturias, que mantienen los niveles de 2010, y Castilla y León, donde se registra un descenso del 9%. Baleares [45%], Extremadura [63%] y Cantabria [103%] registran las mayores tasas de crecimiento de estos procesos.
En Cataluña, la comunidad que concentra habitualmente el mayor número de concursos debido a su peso en la economía española, se ha producido un aumento de más moderado [7%], al igual que en Madrid [4%]. La Comunidad Valenciana [15%] o Andalucía [32%], que cuentan también con un peso importante por el número de procedimientos, registran mayores incrementos.
Las empresas vinculadas directamente con la construcción continúan acaparando uno de cada tres concursos con sector definido. En el conjunto de 2011 los procesos concursales de este sector han registrado un aumento del 12%. El porcentaje está ligeramente por debajo de la media general, un indicador de que el mayor ajuste sectorial ya se ha producido.
Los sectores que registran un mayor crecimiento de sus niveles de concursalidad en 2011 son automoción [61%], seguido de alimentación y distribución [59%] y electrodomésticos [56%], todos ellos muy vinculados a la caída del consumo.
Sólo cuatro de los 17 sectores analizados han registrado un descenso de la concursalidad: cueros y curtidos [-9%], papel y artes gráficas [-9%], maquinaria y herramientas [-6%] y siderurgia [-1%].
En la Región, los sectores con mayores dificultades y, por tanto, más insolvencias judiciales no difieren de los del resto de España; y también en Murcia han sido las empresas de construcción las que han protagonizado los concursos más significativos tanto por volumen de deuda como por el número de acreedores afectados y de número de trabajadores en estas empresas.
De cara a 2012, los diversos informes elaborados por Crédito y Caución y la consultora D&B no auguran ningún indicio que permita anticipar un descenso en estos niveles, al menos durante el 1º semestre del año. Aunque cabe esperar que se mantenga el buen comportamiento de las exportaciones, la reactivación económica en España sigue siendo débil, marcada por una demanda interna que sigue ralentizándose. El acceso a la financiación bancaria de las empresas, que sigue siendo una de las principales causas de impago, insolvencia y concurso, aun no muestra síntomas de mejora. La entrada en vigor de la reciente reforma de la Ley Concursal tampoco supondrá cambios en los niveles de concursalidad.
La evolución de la estadística de los concursos es un indicador más del entorno económico, si bien sus cifras absolutas no reflejan con fidelidad el impacto en el tejido productivo. Según una estimación reciente del Consejo General de Economistas Forenses, sólo el 2% de total de empresas que cesan su actividad en España lo hace a través de un concurso de acreedores.
Según destaca Crédito y Caución, el crecimiento general de los niveles de insolvencia judicial se ha reproducido en todas las comunidades autónomas, salvo Aragón y Asturias, que mantienen los niveles de 2010, y Castilla y León, donde se registra un descenso del 9%. Baleares [45%], Extremadura [63%] y Cantabria [103%] registran las mayores tasas de crecimiento de estos procesos.
En Cataluña, la comunidad que concentra habitualmente el mayor número de concursos debido a su peso en la economía española, se ha producido un aumento de más moderado [7%], al igual que en Madrid [4%]. La Comunidad Valenciana [15%] o Andalucía [32%], que cuentan también con un peso importante por el número de procedimientos, registran mayores incrementos.
Las empresas vinculadas directamente con la construcción continúan acaparando uno de cada tres concursos con sector definido. En el conjunto de 2011 los procesos concursales de este sector han registrado un aumento del 12%. El porcentaje está ligeramente por debajo de la media general, un indicador de que el mayor ajuste sectorial ya se ha producido.
Los sectores que registran un mayor crecimiento de sus niveles de concursalidad en 2011 son automoción [61%], seguido de alimentación y distribución [59%] y electrodomésticos [56%], todos ellos muy vinculados a la caída del consumo.
Sólo cuatro de los 17 sectores analizados han registrado un descenso de la concursalidad: cueros y curtidos [-9%], papel y artes gráficas [-9%], maquinaria y herramientas [-6%] y siderurgia [-1%].
En la Región, los sectores con mayores dificultades y, por tanto, más insolvencias judiciales no difieren de los del resto de España; y también en Murcia han sido las empresas de construcción las que han protagonizado los concursos más significativos tanto por volumen de deuda como por el número de acreedores afectados y de número de trabajadores en estas empresas.
