El sector asegurador está convencido de que las distintas citas electorales previstas para este año son el verdadero motivo que está detrás de la paralización de la privatización de Cesce, que es, a juicio de muchos, una de las últimas entidades públicas apetecibles.

La privatización de la compañía española que asegura el crédito a la exportación, que afectaría al 51,2% del capital, se empezó a anunciar hace tres años, pero se ha retrasado, entre otros motivos, por la necesidad de modificar la legislación que la regula para permitir así la entrada de capital privado.

El Congreso dio el visto bueno a esta iniciativa en abril de 2014, al aceptar una serie de enmiendas al proyecto de ley aprobado inicialmente en diciembre de 2013, con el objetivo de apoyar con más eficacia la internacionalización de la economía e impulsar la competitividad de las empresas españolas, según fuentes del mercado.

Para ello, se establece la figura del Agente Gestor como una entidad designada por el Estado para gestionar por cuenta de éste, y en exclusiva, determinados riesgos de la internacionalización, una misión que será asumida por Cesce durante un periodo de transición de al menos siete años.

De esta forma, el Estado ya tenía permiso para dejar de ser el accionista mayoritario, es decir, para vender una parte de la empresa, cuyas cuentas saneadas permiten a los aspirantes estar seguros de que harán un buen negocio.

Y es que, según los datos publicados recientemente, la compañía obtuvo un beneficio neto de 43,5 millones en 2014, un 65,4% más que un año antes, y es, además, el segundo mejor resultado anual desde la creación de la compañía, en 1970.

Los ingresos netos de la cuenta del Estado crecieron el 45,6% y alcanzaron los 176 millones de euros.

Entre la veintena larga de empresas que han mostrado su interés en hacerse con Cesce destacan Mapfre, Mutua Madrileña, Axesor o algunos fondos de inversión como Cerberus, Apollo o el chino Fosun.

Precisamente, este último podría plantear algún problema, ya que China es un país muy activo con sus exportaciones, por lo que podría interesarle dar prioridad a facilitar negocios a las empresas chinas antes que a las españolas, según analistas consultados por Efe.

Asimismo, la nueva legislación establece que el nuevo propietario de Cesce no debería controlar directa ni indirectamente el seguro de crédito de otro país, lo que para los expertos excluiría a Mapfre por su acuerdo con Euler-Hermes, que gestiona el seguro de crédito de Alemania y con la que controla al 50% la compañía Solunion.

Sin embargo, aparentemente ajeno a estas dificultades, el vicepresidente de Mapfre Esteban Tejera aseguraba esta misma semana que "si se dan las circunstancias" acudirían de la mano de su socio Solunion a la privatización de Cesce.

También hace poco, el presidente de Mutua Madrileña, Ignacio Garralda, reiteró el interés que ha mostrado ya varias veces la aseguradora en hacerse con esa entidad, y sostuvo que en su opinión, el proceso no debería alargarse "más allá del verano".

El seguro a la exportación ayuda a las empresas que quieren hacer negocios en el extranjero, ya que las protegen, por ejemplo, si algún socio o cliente les deja alguna factura o pedido sin pagar.

Cesce garantiza el pago a cambio de una cantidad o prima por la gestión, que es del 20% y que seguirá siendo así, de acuerdo con los términos de la nueva legislación, al menos durante los ocho años siguientes a la privatización.

Según algunas fuentes, Cesce valdría entre 400 y 600 millones, por lo que el Estado podría ingresar entre 200 y 300 millones con la venta de su participación del 50,2%, superior al 21% que controla Banco Santander o el 16,3% de BBVA.