El Gobierno español propone que dentro de la Unión Europea se eliminen las barreras que dificultan las fusiones entre entidades de la región y crear así un sector bancario minorista que esté integrado.

Esta es una de las propuestas que se incluye en el documento que el Gobierno ha enviado a Bruselas sobre la contribución de España al debate de la gobernanza de la Unión Económica Monetaria (UEM), en el que sugiere que se debe avanzar hacia una completa aplicación de la Unión Bancaria.

En este sentido, el Gobierno recuerda que el Mecanismo Único de Resolución y el Fondo Único de Resolución estarán operativos a partir de enero de 2016, y propone que la Unión Bancaria debería completarse con una mayor integración en el ámbito de la garantía de depósitos, mediante la creación de un esquema único de garantía de estos productos.

Además, el Gobierno de Mariano Rajoy aboga por trabajar en el desarrollo de un mecanismo de protección del Mecanismo Único de Resolución, de acuerdo con el compromiso que adquirieron los ministros del ECOFIN en su declaración de 18 de diciembre de 2013.

Al respecto y según el Ejecutivo, una Unión Bancaria completa requiere un sector bancario minorista que esté integrado.

Por ello, demanda elaborar un "libro verde" para la integración de los mercados bancarios minoristas.

"Quince años después de la introducción del euro, el sector bancario minorista continúa dominado por la banca nacional en la mayoría de los países de la UEM", dice el Gobierno, para quien "es muy común encontrar bancos de la eurozona que tienen más operaciones minoristas fuera de la UEM que en otros países" de la región.

Así indica que el objetivo de este "libro verde" sería "analizar las barreras al establecimiento de bancos minoristas pan-europeos".

Según explica el Gobierno, aunque la Unión Bancaria ayudará a eliminar alguna de estas barreras, hay áreas particulares donde medidas de liberalización adicional podrían fomentar las inversiones transfronterizas en la banca minorista, como por ejemplo en el ámbito de las autorizaciones que deben conceder los supervisores nacionales, o la regulación de la protección a los consumidores.