El abogado Diego De Ramón ha presentado una denuncia penal ante la fiscalía anticorrupción contra la Consejera Adela Martínez-Cachá, quien ostenta de forma interina las funciones de Industria tras la dimisión de Juan Carlos Ruiz, imjputado en la Operación Púnica, por no suspender el contrato de gestión de La 7 a Secuoya.

Las acciones que denuncia penalmente el abogado murciano son por el presunto delito de prevaricación por omisión, es decir, por la “dejación total”, según el letrado, de actuación tras saber que Secuoya, la productora que gestiona el canal autonómico, ocupa de forma presuntamente ilegal el edificio de la antigua televisión de Molina Thader, donde ha procedido a instalar la sede de la televisión autonómica sin ningún título jurídico válido.

Secuoya alquiló primero la instalación al propietario de la misma, y, tras entrar la empresa en concurso de acreedores, volvió a firmar un nuevo contrato con el administrador concursal, aunque en una de las cláusulas del acuerdo se especificaba que dicho contrato quedaba supeditado a la aprobación de la juez, María Dolores de las Heras, quien el pasado 28 de mayo revocó dicho acuerdo y anunció que su intención era vender el edificio en el plazo de un mes al mejor postor. De momento ya hay dos ofertas encima de la mesa. A pesar de ese auto del 28 de mayo, Secuoya inició las emisiones el 1 de junio.

Dado que la consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación del Gobierno regional se encuentra vacante por la dimisión de su anterior titular, Juan Carlos Ruiz, las funciones han sido asumidas por Adela Martinez Cachá, quien, según asegura Diego de Ramón, “es conocedora por diferentes vías de la mencionada ocupación totalmente ilegal de las instalaciones”.

El abogado insiste en que el adjudicatario del servicio debe cumplir el requisito indispensable de tener en propiedad o en uso las instalaciones comprometidas en su proyecto, “cosa que en este caso no se da, y es por ello que la consejería debería haber suspendido ya el contrato”.

En su denuncia, Diego De Ramón solicita que se abran diligencias de investigación y que se requiera a la comunidad autónoma para que aporte las noticias publicadas al respecto en los medios de comunicación, para que se presenten los escritos o peticiones recibidas por parte de terceros sobre esta situación, así como, también, el documento administrativo de adjudicación de la concesión y el pliego de condiciones y clausulas técnicas. El abogado requiere, asímismo, la información de cómo fue valorado el requisito de poseer las instalaciones comprometidas para la televisión autonómica cuando el contrato de arrendamiento obtenido sobre el local se encontraba condicionado a la aprobación judicial y por tanto era ineficaz.

El escrito solicita finalmente los informes jurídicos sobre la adjudicación y los nombres del equipo técnico que ha intervenido en todo el procedimiento y se ha encargado de la supervisión, vigilancia o fiscalización de la adjudicación del contrato de gestión de La 7.

"Basta de monopolio"

Mientras tanto, el grueso de las productoras murcianas -muchas de las cuales están trabajando con Secuoya en la producción de La 7-, ha emitido un comunicado de apoyo a la concesionaria del servicio en el que, sin mencionarla, acusan a GTM, la anterior concesionaria, de haber monopolizado la gestión en la anterior etapa de la televisión autonómica.