El llamado ‘caso auditorio’ de Puerto Lumbreras, por el que han citado a declarar al ya elegido presidente autonómico murciano, Pedro Antonio Sánchez, sólo es el decimosexto intento de conseguir la muerte civil de Sánchez. ¿Alguien duda que si al final no resultara este decimosexto intento habría un decimoséptimo, un decimoctavo, un decimonoveno, hasta conseguir el objetivo?  Evidentemente, no se pararán en minucias. Ese objetivo ya estaba trazado hace muchos años, por parte de gente muy concreta que ha querido convertir la vida de

Sánchez en un calvario judicial que sólo será interrumpido, como digo, por la muerte civil del protagonista, y si puede ser su salida del país.

En El Padrino de Coppola, un mafioso le dice a otro, ante las dudas técnicas de este último de que puedan cargarse porque sí a alguien, que “si algo nos enseña la historia, es que se puede matar a cualquiera”. Si algo nos está enseñando este desquiciamiento clásicamente español -esta enfermedad no sé si infantil o senil de nuestra joven democracia de confundir imputaciones con condenas y embrollarlo todo- es que puedes judicializar a alguien, culpable o inocente, durante toda su vida, hasta que aguante. Sobre todo si todos los partidos en absoluto del viejo país de la Inquisición aceptan, como han aceptado, la instauración de esa auténtica ‘neocaza de brujas’ conocida con nombre harto siniestro (por aparentemente ejemplar) como “regeneración de la política”.

¿Regeneración de la política? Vamos a ser serios, caballeros. Bajo la denominación de "regeneración" se esconde hoy, con frecuencia, una intención de ajuste de cuentas colectivo, con sol y moscas, como suele ocurrir en este país. La regeneración, que debió ser patrimonio de hombres de buena fe, a poder ser fríos, equitativos y un poco luteranos, es hoy el último refugio que aprovechan los canallas oportunistas y ventajistas, los pícaros que se presentan como virtuosos, que esos ocultan la luz del sol en España. Regeneración hay efectivamente en unos pocos casos, esos pocos en los que hay hombres justos, que no son muchos, incluso políticos (¿cuántos de entre vosotros podéis presentaros como justos?). En infinidad de otros casos no es más que navajeo entre vecinos, entre partidos, entre ideologías, entre el sistema y el antisistema, entre partidarios de hundirnos como Grecia y no partidarios, pero todo ataviado con bellas y altas  palabras para consumo de necios.

Cualquiera puede denunciar, por cualquier cosa, a alguien que no le guste, por sus propios intereses, con frecuencia turbios. Y volverlo a denunciar todas las veces que le pete, un lunes sí, otro también, sin más límite real que el dinero. Algunas de esas veces las denuncias, que puede ser la misma levemente modificada, no serán admitidas a trámite. Otras, en las que se ha trabajado con alguna más fineza una apariencia de hechos, se admitirán de manera preventiva por obligación profesional del juez. Imputar es fácil, y es gratis. Era, antes, una garantía para el imputado, para que se pudiese defender y fuese informado puntualmente de todas las actuaciones. Ha pasado a ser lo contrario. Hoy es una condena. Si eres político, condena a la muerte civil. Y ya ejecutada de antemano. Cuando se concluya la inocencia del acusado, el honor nunca podrá ser restituido. Hablo del honor de la Justicia, claro.

Pedro Antonio Sánchez, y creo haber conocido bien su inacabable itinerario judicial (y en especial el ‘caso auditorio’), es un hombre inocente de haber cometido corrupción jamás, para beneficio suyo o de otros. Jamás es nunca. Lo que le está ocurriendo lleva a graves inquietudes, no ya sobre la profundidad y consistencia de la democracia española, sino las del género humano. Que quede escrito en esta hemeroteca virtual, para el futuro, y para uso de navegantes. Por decirlo a la anglosajona, Sánchez es un ‘honest man’ como lo fue Budd Dwyer, el tesorero del Estado de Pennsilvania cuyo suicidio ante las cámaras de televisión por falsa acusación de haberse llevado dinero y viciado proceso judicial ‘popular’ motivó una entera revisión de la Justicia en Estados Unidos, en los años 80.

La carnaza mediática televisiva, en España, hoy, alimentó la psicosis colectiva del pueblo, y todos los partidos políticos españoles han decidido aceptar una psicosis como sagrada voluntad soberana. La sagrada voluntad soberana que dictamina, inspirándose en lo que aseguran sus tertulianos de cabecera, que todo está corrupto en política, que el imputado es un condenado y que el inocente es aquel al que no se le ha podido aún demostrar las fechorías que seguro ha cometido. Si no la vez número dieciséis, habrá la número diecisiete, la veinte, la treinta y siete. ¿Será por denunciar? Se puede acabar con la vida civil de cualquiera, sobre todo si es inocente. El inocente acaba derrumbándose. Tengo mis dudas de que eso ocurra con alguien tan extraordinariamente fuerte y templado como Sánchez, pero llegará un momento en que tendrá dificultades para asimilar tanto ensañamiento, no habiendo cometido corrupción alguna. Pero no será a  causa del Destino, ni la suerte, ni del mal fario: son personas concretas. La mala fe de las personas concretas. Y la absoluta indefensión ante la que está no ya un político sino cualquiera ante esa mala fe admirablemente mantenida en el tiempo de las personas concretas.

Al final no se trata de que quieran la muerte civil de un inocente, alguien que personalmente ha sido votado con mayoría abrumadora, casi absoluta, como presidente de todos. Se trata de que algunos pocos hombres de mala fe, intentándolo por vez número treinta y siete, la cuarenta y cuatro o la sesenta y una, logra al final acabar con una decisión democrática mayoritaria expresada en las urnas, y sin que haya corrupción ni niño muerto. Unos pocos hombres de mala fe pueden, con la suficiente decisión, torcer la decisión de las urnas. Como podrían haber dicho en “El Padrino”, se puede acabar con la decisión democrática mayoritaria de cualquier colectividad, en cualquier parte. En Murcia están en ello.