El Banco de España ha instado hoy a la banca "a que adopte las medidas necesarias" para garantizar que, en cada operación de retirada de dinero de los cajeros, solo se procede al cobro de una comisión, ya sea por la entidad dueña de la tarjeta o por aquella que sea propietaria del cajero.

El Banco de España ha hecho esta consideración en un comunicado después de que CaixaBank decidiera hace unos meses aplicar una comisión de dos euros a los no clientes por sacar dinero de sus cajeros, una operación que según han dicho otras entidades como BBVA o Santander, podrían poner en marcha después del verano.

"La retirada de efectivo en un cajero automático constituye un único servicio de pago, con independencia de que se realice en un cajero propiedad de la entidad emisora de la tarjeta bancaria, o de otra entidad", según ha explicado el organismo.

En consecuencia, ese servicio solo puede originar el cobro de una comisión, ya sea por la entidad emisora de la tarjeta o por la entidad propietaria del cajero.

Para trasmitir este criterio, el Banco de España remitirá sendos escritos a la Asociación Española de Banca (AEB), la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA), la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (UNACC), la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF) y la Asociación Española de Entidades de Pago (ANAED).

En esta comunicación, el Banco de España instará a las entidades financieras a que adopten las medidas que sean necesarias para garantizar que, en cada operación, se procede al cobro de la comisión solo por una de ellas.

Hace unos meses, CaixaBank empezó a cobrar una comisión de dos euros en los cajeros para los no clientes, una estrategia a la que se han sumado en los últimos días BBVA y Santander, mientras que otras entidades como Banco Sabadell han dicho que lo estudiarán.

La puesta en marcha de esta medida bancaria ha sido muy criticada por las organizaciones de consumidores que incluso han llegado a denunciarlo ante la Comisión Europea, que pidió información a la entidad catalana para analizar si era compatible con el reglamento comunitario de 2009 relativo a los pagos transfronterizos en la Unión Europea (UE).