La Comunidad ultima una plataforma que evitará que ciudadanos y pymes tengan que entregar 15 tipos de certificados en sus trámites
El consejero de Economía, Salvador Marín, presidió hoy junto al consejero de Empresa, José Ballesta, la reunión del grupo de trabajo del Proyecto de Simplificación y Reducción de Cargas Administrativas en la que se informó de la puesta en marcha de una Plataforma de Interoperabilidad que evitará a los ciudadanos, autónomos y pymes aportar hasta 15 certificados diferentes en sus trámites con la Administración, número que se irá ampliando en los próximos meses.En concreto, esta plataforma, que ya ha sido desarrollada técnicamente y estará a pleno rendimiento en seis meses, permitirá que los funcionarios de la Comunidad obtengan de oficio los certificados de pensiones no contributivas, discapacidad, familia numerosa, certificados de instalaciones en materia de industria, estar al corriente de pagos de la Comunidad, así como con la AEAT y la Seguridad Social, DNI, residencia, prestaciones por desempleo, IRPF e IAE, alta en la Seguridad Social, titulaciones académicas o información catastral.
Marín indicó que “la puesta en marcha de esta herramienta, que conlleva acuerdos con el resto de administraciones y formación a los funcionarios, reduce considerablemente las cargas burocráticas, ya que son certificados que se solicitan en muchos de los 996 procedimientos con los que cuenta la Administración regional. Esto supone ahorro a los ciudadanos y al tejido productivo, así como a la propia Administración, que también reduce los tiempos de tramitación y respuesta”.
Por su parte, el consejero Ballesta destacó “la importancia de que seamos más ágiles en las tramitaciones, ya que contribuiremos a que todo nuestro tejido productivo gane en competitividad y que dediquen sus esfuerzos a su verdadero objetivo, generar riqueza, bienestar y empleo de calidad”.
La estimación que maneja la Consejería de Economía y Hacienda es que a corto, medio y largo plazo el proceso de simplificación y ‘e-administración’ redunde en un ahorro de costes burocráticos y administrativos de más de 230 millones de euros y del 55 por ciento en los tiempos de tramitación.

