El sector vitivinícola regional firmó hoy un acuerdo para trabajar en esta campaña con un contrato tipo que supone el consenso entre productores y bodegueros. La firma del mismo se realizó en un acto celebrado en la consejería de Agricultura y presidido por la consejera Adela Martínez-Cachá.

También asistieron el director general de Producciones y Mercado Agrícolas, Fulgencio Pérez, y los representantes de las organizaciones agrarias Cog-Ir, Adea-Asaja y UPA, las bodegas cooperativas representadas por Fecoam y la Asociación de Empresarios de Vinos de Jumilla (Asevin).

La Consejería ha actuado como impulsora y mediadora en las relaciones entre las distintas organizaciones, “proponiendo y coordinando los encuentros para asegurar el diálogo y consecución de acuerdos entre el sector productor y el sector industrial”, indicó la consejera, quien recordó que “desde julio se viene trabajando con el ministerio de Agricultura, y mediando entre agricultores y bodegueros para crear un contrato tipo y establecer el precio de la uva, dando cumplimiento a la Ley de la Cadena Alimentaria, que se sacó adelante con el fin de que estuviera garantizada la posición de los viticultores”. El sector genera en la Región 2.435 empleos directos, además de otros indirectos.

En este acuerdo, los bodegueros se comprometen a cumplir lo dispuesto en la ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, la formalización de un contrato escrito previo a la recepción de la uva para vinificación en sus instalaciones, utilizando el modelo recomendado por la Organización Interprofesional del Vino de España, que recoge el precio de la transacción y el plazo máximo de pago de 30 días.

El pago y las liquidaciones del producto se efectuarán en función de la calidad de las uvas, y por primera vez, se comprometen a tener en consideración los valores reflejados en el estudio ‘Evaluación económica del cultivo de la viña en la Región de Murcia’, realizado por el IMIDA, teniendo en cuenta las condiciones del mercado. Para conseguir una mayor transparencia de mercado y poder realizar un seguimiento y análisis del sector, se comprometen a suministrar información a la Consejería.

Los productores también se comprometen a cumplir las normativas de los distintos consejos reguladores de denominaciones de origen, en cuanto a calidad de las uvas entregadas y producciones máximas por hectárea. Aceptarán que las parcelas de D.O., cuyas producciones excedan los límites establecidos por los reglamentos de los consejos reguladores, sean descalificadas teniendo como destino la elaboración de vino de mesa. También utilizarán el contrato de compra-venta de uva para vinificación recomendado por la Organización Interprofesional del Vino.