Amnistía Internacional, Greenpeace y Oxfam Intermón salen a la calle en Murcia para exigir una reforma de la Constitución

En el marco de la campaña 'Blinda tus derechos. Cambia el artículo 53', voluntarios y voluntarias de Amnistía Internacional, Greenpeace y Oxfam Intermón saldrán a la calle en 14 ciudades donde pondrán a disposición de la ciudadanía una simbólica ‘Oficina de Atención de los Derechos Humanos’. Desde aquí se podrá reclamar a los partidos políticos una reforma constitucional que mejore las garantías de protección de estos derechos y que incluya otros que a día de hoy no están recogidos en la Carta Magna.

En nuestra ciudad, durante el evento, que tendrá lugar en la Plaza de Santo Domingo a las 11:30, se pedirá a los ciudadanos y ciudadanas que firmen para exigir la reforma constitucional y ayuden a conformar el dibujo de un candado que ‘blinde’ estos derechos. Además, se realizará una llamativa representación en la que diferentes personajes depositarán sus reclamaciones en la ventanilla de la oficina. Con esta campaña las organizaciones quieren alcanzar al menos 53.000 firmas que pidan a los partidos políticos un compromiso con la reforma de la Constitución de cara a la próxima legislatura, simbolizado con la reforma del artículo 53, responsable de una distinción artificial entre derechos.

«Las organizaciones consideramos que todos los derechos humanos son igual de importantes y están relacionados entre sí, por lo que es necesario que tengan las mismas garantías de protección. No pueden estar condicionados por el vaivén de las decisiones políticas de distintos gobiernos, ni pueden verse mermados por ninguna crisis económica», señala Begoña Martínez, portavoz de Amnistía Internacional en Murcia.

Blindar los derechos para hacer frente a retos actuales
A través de la campaña, que se lanzó el pasado 7 de julio, las organizaciones han denunciado que la Constitución Española, y en particular su artículo 53, no protege todos los derechos por igual, ni de forma suficiente, creando derechos de primera como el derecho a la vida y la libertad, que gozan de una protección reforzada y que pueden ser reclamados directamente ante los tribunales; y de segunda, como el derecho a la vivienda y al medio ambiente. Esto tiene efectos sobre la población, especialmente la más vulnerable que no puede acceder a la vivienda, a los servicios de atención sanitaria o a unos ingresos mínimos, y tampoco puede reclamar estos derechos ante los tribunales.

En España la desigualdad crece, siendo el séptimo país con más desigualdad de Europa, con 760.000 personas sin ingresos; desde 2008 se han iniciado casi 600.000 procesos de ejecución hipotecaria dejando a muchas personas en la calle; casi 750.000 personas han perdido la tarjeta sanitaria tras la puesta en marcha de políticas de austeridad; y la inversión en un medio ambiente saludable ha sufrido un recorte del 56% en los presupuestos generales del Estado entre 2009 y 2015, todo ello, pese a que la Constitución reconoce dichos derechos.

Amnistía Internacional, Greenpeace y Oxfam Intermón han presentado a los diferentes partidos políticos una propuesta de reforma del artículo 53, además de otras 24 disposiciones constitucionales, en las que se pide, entre otras, que nuestra Constitución:

• Proteja por igual todos los derechos humanos para todas las personas. Los derechos son indivisibles y universales, sin clases ni jerarquías.
• Potencie una aplicación y desarrollo más ambicioso del derecho a un medio ambiente saludable en nuestro país, lo que obliga a la protección del ecosistema, de la salud de las personas y de los derechos de las generaciones futuras en aras del interés general.
• Mejore la protección de los derechos a la vivienda y a la salud, regulando su contenido mínimo esencial.
• Incorpore el derecho a la renta básica para que sea un derecho de primera y para hacer frente al reto de la desigualdad, y establezca obligaciones para avanzar en la realización de los derechos humanos más allá de nuestras fronteras como el desarrollo de una política de cooperación para el desarrollo, la vigilancia para que las empresas españolas respeten los derechos humanos en el extranjero, y el cumplimiento de las obligaciones sobre transferencia de armas en relación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.
• Garantice el principio de ‘no regresividad’ de los derechos y una financiación suficiente para hacerlos valer.
• Mejore la protección respecto a ciertos derechos que consideramos protegidos insuficientemente: adecuar la Constitución a los principios de universalidad e igualdad en el ejercicio de los derechos; mejorar las garantías de las personas durante la detención para evitar casos de tortura y malos tratos; garantizar los derechos de acceso a la información y participación ciudadana; garantizar el derecho de reunión pacífica incluso en aquellos casos donde la comunicación previa no es posible, así como el reconocimiento directo del derecho de asilo y establecer la prohibición de la pena de muerte en todos los casos.