El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el anteproyecto de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que establece techos de gasto para todas las administraciones, con el objetivo de lograr la recuperación del crédito y garantizar los servicios públicos esenciales a través de la reducción del déficit. De esta forma, el Gobierno impondrá el déficit ‘cero’ a las administraciones regionales a partir del año 2020. Aquellas que no lo cumplan podrán ser sancionadas con una cantidad igual al 0,2% del PIB.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado en rueda de prensa que "esta misma tarde" se va a empezar a buscar el acuerdo con el PSOE -con el que se consensuó la reforma constitucional que da origen a esta ley- y el resto de los grupos parlamentarios.

De este modo se ampliará al plano político el acuerdo territorial que se ha conseguido con comunidades autónomas y entes locales, que han aceptado que deben aprobar techos de gasto previos a sus presupuestos y enfrentarse a potenciales sanciones si incumplen los objetivos marcados.

Con la norma, que ahora pasa al Consejo de Estado, España "ha tomado la delantera" en el impulso a la estabilidad presupuestaria en el seno de la UE, ha dicho Sáenz de Santamaría, que ha explicado que la reducción del déficit es clave para lograr la recuperación del crédito -que ahora se destina a pagos de deuda- y satisfacer servicios como la sanidad y educación con el ahorro de los intereses.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis de Guindos, confirmaba desde la ciudad suiza de Davos que el Gobierno impondrá un déficit estructural del 0% para las comunidades autónomas.

La Ley de Estabilidad Presupuestaria, junto con la reforma laboral y la reforma del sistema financiero, que serán tramitadas en los próximos Consejos de ministros, han sido consideradas claves por el Ejecutivo para hacer frente a la situación económica.

Tras el Consejo de Ministros, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha explicado que la reducción del déficit es clave y tiene "un efecto inmediato" para lograr la recuperación del crédito -que ahora se destina a pagos de deuda- y satisfacer servicios como la sanidad y educación con el ahorro de los intereses de las emisiones de deuda pública.

Montoro ha recordado que se da traslado a la legislación española de la normativa europea en materia de sanciones y de inspecciones a las administraciones incumplidoras.

Para ello todas las administraciones deben presentar equilibrio o superávit y ninguna podrá incurrir en déficit estructural, salvo situaciones excepcionales, a partir de 2020.

Hasta esa fecha serán los programas de estabilidad de la Comisión Europea los que determinen los objetivos de déficit, que por el momento están fijados en el 4,4 % para 2012, si bien cabe la posibilidad de que la caída de la economía conlleve una relajación de esta cifra.

Se va a aprobar también que la administración pública que incumpla el plan económico-financiero para corregir las desviaciones de déficit en las que incurra deberá constituir un depósito, que podrá convertirse en multa en caso de que los incumplimientos se reiteren.

El anteproyecto prevé también que las sanciones impuestas a España en materia de estabilidad sean asumidas por la Administración responsable.

Se establece en paralelo un mecanismo de alerta temprana y de respuesta inmediata ante la desviación en los planes correctores.

Con esta normativa la deuda de las Administraciones no podrá superar el valor de referencia del 60 % del PIB establecido en la regulación europea, salvo en caso de circunstancias excepcionales, y la "prioridad absoluta" será atender los intereses y el capital de la deuda pública frente a cualquier otro gasto.

En paralelo la ley también establece un mecanismo extraordinario de apoyo a la liquidez para aquellas comunidades autónomas y corporaciones locales que lo soliciten.

Este mecanismo estará condicionado a un plan de ajuste sometido a rigurosas condiciones de seguimiento, remisión de información y medidas de ajuste extraordinarias.