La paralización de las primas al sector fotovoltaico, anunciada el pasado viernes por el ministro de Industria, José Manuel Soria, deja en el aire unas inversiones previstas para este año en la Región de más de 60 millones de euros, según han señalado fuentes de la patronal del sector, Aremur.

La previsión era que entre febrero y marzo el Gobierno publicara dos registros con las asignaciones de energía fotovoltaica para este año, unos 250 MW, de los que 30 se iban a instalar en la Región, con una inversión en torno a los 60 millones. De hecho, los 25 primeros MW en instalaciones tanto de suelo (huertos solares) como sobre cubierta estaban pendientes de resolución, aunque los nueve instaladores que los ponían en marcha ya han invertido importantes cantidades en elaboración de proyectos y tramitación.

La paralización de la concesión de primas a nuevas instalaciones, cuya decisión por decreto-ley se publicó en el Boletín Oficial del Estado del pasado sábado, ha sido un mazazo para el sector, que ha vuelto a denunciar la inseguridad jurídica para centenares de inversores en este tipo de generación eléctrica.

A juicio de la patronal de las renovables, el nuevo Gobierno ha cedido a las presiones del llamado lobby eléctrico, obviando las inversiones y el empleo que genera el sector fotovoltaico. A falta de concretar los datos, el supuesto ‘ahorro’ con la supresión de las primas puede alcanzar los 70 millones de euros anuales, cuando los costes sociales de la medida superarán los 120 millones.

Desde Aremur se va a solicitar una entrevista urgente con el presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, para reclamarle que mantenga su defensa del sector, la misma que mantuvo cuando el anterior ministro, Miguel Sebastián, decidió recortar en más de un 30% las primas a este tipo de energía. Entonces, desde la Comunidad Autónoma lideró el recurso de inconstitucionalidad que presentaron varias comunidades autónomas contra el Real Decreto-Ley 14/2010. El presidente Valcárcel aseguró entonces que aquella medida era un claro castigo a la energía fotovoltaica, y destacaba que ponía en peligro las inversiones de 20.000 agricultores murcianos y la pérdida de centenares puestos de trabajo.

El sector, asimismo, convocará a los diputados murcianos para reclamarles que sean coherentes y voten en el Congreso contra la convalidación del Decreto-Ley del sábado, lo que ocurrirá en las próximas semanas.

El ministro Soria señaló el viernes tras la aprobación del Decreto en el Consejo de Ministros que su objetivo era frenar que aumentara el déficit tarifario, que acumula ya unos 24.000 millones de euros y crece a un ritmo anual de entre 3.000 y 4.000 millones. El sector de la fotovoltaica considera que los 70 M€ de primas de este año no representaría más que aproximadamente el 2% del déficit de tarifa y, en cambio, renunciar a la apuesta por las energías renovables originará perjuicios mayores a los que pretende evitarse.