Reparto de cargas
Los miles de empleados públicos que andan estos días entre manifestaciones y encierros están de enhorabuena. Las decenas de miles de trabajadores de empresas privadas que han perdido su trabajo o que han entrado en el trance de quedarse sin él, también. Los cientos de miles de ejemplares de la cada vez menos nutrida fauna laboral a los que se les proponen recortes salariales leoninos bajo la amenaza, nunca explicitada del todo, de que la alternativa de no someterse a la poda es como la de la muerte frente a la vejez, están exultantes. Y los millones de parados que pueblan las listas de los servicios de empleo y nutren los porcentajes de la Encuesta de Población Activa no cesan de lanzar cohetes.
Desde que el Gobierno anunció la reforma del sistema financiero, todos a una, desempleados jóvenes y de la larga duración, funcionarios, interinos, trabajadores de empresas al borde del estrangulamiento por los impagos de las administraciones, etcétera, se están rompiendo las manos a fuerza de aplaudir las medidas implementadas para sanear la economía y sacarnos de la penuria. Sobre todo en el apartado reservado a las limitaciones de las remuneraciones fijas y variables tanto de consejeros, administradores y directivos de las entidades con ayudas del Estado como de las cuatro que fueron intervenidas por el Banco de España. Ha sido oirle decir al ministro de Economía Luis de Guindos que los bancos y cajas que han recibido inyecciones de liquidez a través del Fondo de Reestructuración Bancaria no podrán cobrar remuneraciones anuales superiores a los 600.000 euros y estallar una ovación unánime. La salva se ha incrementado hasta límites decíbélicos que atentan contra el medio ambiente cuando, a renglón seguido, se han enterado de que los sueldos de los ejecutivos de las entidades intervenidas queda establecido en 300.000 euros.
Han hecho cuentas, ya que para eso muchos de ellos son profesores de matemáticas y otros están acosutmbrados a lidiar con los números desde sus puestos administrativos, y han descubierto que, por fin, el sacrificio afecta a todos los ámbitos. Satisfacción general al comprobar que mientras a ellos la nómina les ha adelgazado en trescientos o cuatrocientos euros a mes, los rescatados también verán notablemente mermados sus emolumentos. La diferencia, pequeño detalle que no debe empañar la alegría general, es que cuatrocientos euros en un sueldo de dos mil, pongamos por caso, no es lo mismo, ni de lejos, que un tijeretazo pecuniario de 25.000 euros al mes en un salario de 50.000. O sea que el algodón a veces engaña: porcentualmente puede que el recorte al banquero rescatado -que no al bancario-, que goza además de otros ingresos, sea incluso más drástico que el que tiene que soportar un trabajador al uso, pero a efectos reales de consumo y de proyectos vitales la cosa no admite comparación.
Trescientos mil euros al mes siguen siendo cinco millones de las antiguas pesetas cada treinta días. Y seiscientos mil, justo el doble. Joder, con la justicia distributiva, el reparto de las cargas, la apretura del cinturón y demás zarandajas.
Desde que el Gobierno anunció la reforma del sistema financiero, todos a una, desempleados jóvenes y de la larga duración, funcionarios, interinos, trabajadores de empresas al borde del estrangulamiento por los impagos de las administraciones, etcétera, se están rompiendo las manos a fuerza de aplaudir las medidas implementadas para sanear la economía y sacarnos de la penuria. Sobre todo en el apartado reservado a las limitaciones de las remuneraciones fijas y variables tanto de consejeros, administradores y directivos de las entidades con ayudas del Estado como de las cuatro que fueron intervenidas por el Banco de España. Ha sido oirle decir al ministro de Economía Luis de Guindos que los bancos y cajas que han recibido inyecciones de liquidez a través del Fondo de Reestructuración Bancaria no podrán cobrar remuneraciones anuales superiores a los 600.000 euros y estallar una ovación unánime. La salva se ha incrementado hasta límites decíbélicos que atentan contra el medio ambiente cuando, a renglón seguido, se han enterado de que los sueldos de los ejecutivos de las entidades intervenidas queda establecido en 300.000 euros.
Han hecho cuentas, ya que para eso muchos de ellos son profesores de matemáticas y otros están acosutmbrados a lidiar con los números desde sus puestos administrativos, y han descubierto que, por fin, el sacrificio afecta a todos los ámbitos. Satisfacción general al comprobar que mientras a ellos la nómina les ha adelgazado en trescientos o cuatrocientos euros a mes, los rescatados también verán notablemente mermados sus emolumentos. La diferencia, pequeño detalle que no debe empañar la alegría general, es que cuatrocientos euros en un sueldo de dos mil, pongamos por caso, no es lo mismo, ni de lejos, que un tijeretazo pecuniario de 25.000 euros al mes en un salario de 50.000. O sea que el algodón a veces engaña: porcentualmente puede que el recorte al banquero rescatado -que no al bancario-, que goza además de otros ingresos, sea incluso más drástico que el que tiene que soportar un trabajador al uso, pero a efectos reales de consumo y de proyectos vitales la cosa no admite comparación.
Trescientos mil euros al mes siguen siendo cinco millones de las antiguas pesetas cada treinta días. Y seiscientos mil, justo el doble. Joder, con la justicia distributiva, el reparto de las cargas, la apretura del cinturón y demás zarandajas.





















