La economía española avanzará este año el 2,6%, lo que supondrá una ralentización del crecimiento respecto al registrado en 2015 (3,2%), debido a la existencia de riesgos tanto internos como externos, como son la falta de Gobierno en España o el frenazo de las economías emergentes, según Axesor.

En su último boletín trimestral de coyuntura económica, la agencia de calificación de riesgo sitúa también entre los potenciales peligros para la economía española la evolución de la "cuestión catalana", el precio de las materias primas, la ralentización de China, la crisis migratoria o la eventual salida del Reino Unido de la UE ("Brexit").

Según sus estimaciones, el consumo privado seguirá creciendo a un fuerte ritmo en el primer trimestre debido al bueno tono de la creación de empleo, a lo que suma el bajo precio del petróleo, la contención general de precios y las laxas condiciones financieras, aunque cree que estos factores irán perdiendo intensidad conforme avance el año.

La tasa de desempleo se situaría en el 20% de la población activa a finales de 2016.

Frente a la robustez del consumo, las exportaciones se frenarán y la inversión se estancará, según Axesor, que considera que la pérdida de fuerza de la inversión se notará más cuanto más dure la incertidumbre política, ya que supone un deterioro de las expectativas empresariales.

La agencia prevé que el consumo público inicie su ajuste en el segundo semestre del año cuando se haya formado un nuevo Gobierno, ya que ve difícil que se haya cumplido el objetivo de reducir el déficit público al 4,2% en 2015.

Esto "conllevará ajustes adicionales" en 2016 y 2017 que afectarán al consumo público y privado, así como a la inversión, ante la posibilidad de que se suban impuestos y se reduzcan los incentivos a la contratación.

En opinión de Axesor, la economía española aún tiene retos pendientes como reducir la temporalidad e impulsar la empleabilidad en el mercado de trabajo, fomentar la creación de puestos de trabajo de calidad y frenar la desigualdad que ha aumentado por los efectos de la crisis.

Asimismo, ve imprescindibles políticas que impulsen el crecimiento de la productividad y un mayor tamaño medio de empresas, una mayor competencia en los mercados de bienes y servicios, la reducción de la deuda externa neta y el avance en el proceso de consolidación de las cuentas públicas.