El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, ha asegurado hoy que la fiscalía de esta entidad ha observado diferentes supuestos de prevaricación, malversación y pago de retribuciones en exceso en la Fundación Tripartita para el Empleo y la Formación.

Durante su comparecencia en la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas del Congreso, Miranda ha presentado el informe de fiscalización sobre la gestión de la Fundación Tripartita en relación con las subvenciones otorgadas para la formación profesional y ha dicho que hay varias actuaciones que siguen su curso en la sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas.

Además, ha señalado que el fiscal de este tribunal remitió a la fiscalía de Madrid en marzo de 2015 varias peticiones de responsabilidad penal por diferentes supuestos de prevaricación y malversación y por el pago de retribuciones indebidas.

Miranda no ha dado más detalles sobre estas actuaciones acometidas, pero se ha preguntado qué porcentaje de personas que se acogen a los cursos de formación de la Fundación Tripartita han encontrado empleo.

"Quizá me salgo de mi función al hacerme esta pregunta, que seguro que se hace cualquier persona de la calle", ha dicho, al tiempo que ha concluido que "el problema es que este porcentaje ha sido bajo".

"La formación para el empleo tiene que cambiar", ha asegurado tras recordar que esta fundación gestiona 400 millones de euros al año.

El informe de fiscalización que ha presentado hoy señala que el proceso de concesión de subvenciones públicas a las principales organizaciones empresariales y sindicales vinculadas a la Fundación Tripartita no garantiza los principios de concurrencia, objetividad, transparencia e igualdad promulgados en la Ley General de Subvenciones.

Ha explicado que los planes de formación se desarrollaron, en un elevado porcentaje, por entidades asociadas o agrupadas a dichas organizaciones, lo que convierte a estas últimas en meros intermediarios; y, en otros casos, su ejecución fue subcontratada con otro tipo de entidades, con lo que se vulnera el principio de eficiencia en la utilización de los recursos públicos.

Según el Tribunal de Cuentas, también se han observado "deficiencias" relacionadas con la subcontratación por las entidades beneficiarias.