El consejero de  Empleo, Constantino Sotoca, presidió hoy la Comisión de Seguimiento del Pacto por la Promoción del Empleo, donde hizo un balance del primer año de ejecución y subrayó los más de 90 millones de euros que se destinaron en 2011 para incentivar el empleo.

Para Sotoca, el grado de cumplimiento del Pacto es “muy satisfactorio, teniendo en cuenta la difícil situación en la que nos encontramos desde el punto de vista económico y financiero, y que el presupuesto global para 2011 era de 91 millones de euros”.

En este sentido, destacó que se ha hecho un trabajo importante para paliar los efectos de la crisis con políticas de orientación, la atención personalizada a los desempleados, el fomento del empleo y el autoempleo, la formación y el apoyo al emprendedurismo.

La Comisión de Seguimiento abordó, además, otras dos cuestiones importantes que les fueron encomendadas en el último Acuerdo para el Crecimiento Económico y la Creación de Empleo: la revisión del propio pacto para ajustarlo a las realidades presupuestarias y la elaboración del Plan de actuación contra la Economía Irregular. “Cuestiones que nos preocupan y cuya hoja de ruta ya está descrita y que centrarán nuestro trabajo durante todo el primer semestre de este año”, dijo el consejero.

En cuanto a la revisión del Pacto, Sotoca anunció que la Consejería prestará especial atención al diseño y al desarrollo de las políticas activas de empleo” porque, según el consejero, “ahora se abre una puerta a la posible adaptación de esas políticas a la realidad territorial de la Región, lo que nos va a permitir reforzar su efectividad y su alcance”.  

Lucha contra la economía irregular
En cuanto al Plan de actuación contra la Economía Irregular, el consejero señaló que el Gobierno es consciente de que, en escenarios de crisis, estas prácticas irregulares son susceptibles de incrementarse, por lo que nuestros esfuerzos para erradicarlas han de ser mayores”.

Para Sotoca, la economía irregular no sólo supone competencia desleal para los empresarios, sino también un menoscabo de derechos para los trabajadores. Por ello, aseguró que el nuevo Plan tratará de involucrar a la mayor cantidad de recursos humanos y materiales para mejorar las posibilidades de lucha contra este tipo de comportamientos.  El objetivo, dijo, es potenciar el rechazo social, impulsar el control y fomentar la coordinación entre las distintas administraciones públicas.