Un juez de apoyo del Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante ha dictado auto de procesamiento contra el ex presidente de la CAM Modesto Crespo, el ex director general de la entidad Roberto López Abad y la ex cúpula de la caja por los presuntos delitos de administración desleal y apropiación indebida.

Así lo han indicado fuentes judiciales, que han recordado que el Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante asumió la investigación contra el ex presidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y una veintena de consejeros de esta entidad, ya desaparecida, por el presunto cobro de dietas millonarias.

Según las mismas fuentes, ahora se ha dictado un auto de procedimiento abreviado por el que se procesa a todos los investigados, excepto al jefe del Servicio Jurídico de la caja, Juan Martínez-Abarca.

El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, Manrique Tejada, recibió en febrero pasado esta causa por reparto días después de que la titular del Juzgado de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, se inhibiera y la remitiera al Decanato de los Juzgados de Alicante.

El ex presidente de la CAM está investigado (figura que sustituye a la de imputado tras la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) por un delito de apropiación indebida por, presuntamente, embolsarse 300.000 euros en dietas al ser designado presidente de Tinser Cartera, una empresa participada por la CAM, en 2009.

En su declaración ante la Audiencia Nacional, defendió que no percibía retribución alguna como presidente de la extinta caja, dado el carácter institucional de su cargo, y, por esa razón, el Consejo de Administración de la CAM avaló que fuera retribuido con las citadas dietas.

La juez Lamela decidió acumular la pieza sobre las cuotas participativas emitidas por la CAM a la causa principal por posibles irregularidades en la entidad, en la que también están investigados Crespo y los ex directores Roberto López Abad y María Dolores Amorós, entre otros, por esconder la situación real de la caja en beneficio propio y cobrar indebidamente 47,3 millones en retribuciones.

No obstante, la magistrada remitió las pesquisas relativas a las dietas, por las que hay imputada una veintena de antiguos consejeros de la entidad, a los juzgados de Alicante.