El Banco de Expaña considera que María Dolores Amorós, directora general de la CAM hasta su despido disciplinario en septiembre de 2011, presentó resultados que no se corresponden a la realidad, llevó a cabo una deficiente gestión y actuó en beneficio propio en materia de previsión social complementaria. El Banco Emisor salva la gestión de Juan Antonio Gisbert, (actual director general de Ruralcaja) al entender que antes de 2001 sí se realizaba una valoración del riesgo inmobiliario.

La entidad que preside Miguel Ángel Fernández Ordóñez estima, en el expediente incoado a la dirección de la caja alicantina, que la gestión de riesgos fue "inexistente" en relación a la liquidez y la atribuye directamente a Daniel Gil, que desempeñó distintos cargos en el organigrama de la caja, y a Roberto López Abad.

El informe destaca que se financió suelo muy por encima del precio de adquisición originaria del grupo promotor, que la caja aportó fondos sin conocer qué financiaba, y que se financiaron proyectos especulativos a la espera de actuaciones administrativas de recalificación urbanística.

En este punto, incide en que hasta que López Abad se hizo cargo de la dirección general de la CAM en 2001, tras sustituir a Juan Antonio Gisbert, "sí se realizaban valoraciones y proposiciones de clasificación del riesgo de crédito asumido".

El Banco Emisor entiende que "con el fin de reflejar una situación de la entidad mejor de la realmente existente, se practicaron diferentes artificios contables", como enmascarar el pase de activos a fallidos para reflejar una apariencia de continuidad, la rehabilitación inadecuada de dudosos y fallidos, y la titulización de préstamos fallidos, dudosos e incluso inmuebles adjudicados en pago de deudas.

Estas prácticas contables permitieron a la CAM presentar una cuenta de resultados positiva y mucho mejor de la que realmente debería haber presentado", destaca el informe, que detecta deficiencias "significativas" de gestión en la financiación al grupo Polaris así como a 65 sociedades vinculadas al sector inmobiliario a través de su filial TIP.

La participación en TIP provocó a la CAM unas pérdidas de 1.011 millones de euros, tanto por las aportaciones de capital realizadas a las sociedades como por las financiaciones y los inmuebles adquiridos, hasta suponer la tercera parte de los fondos aportados por el Banco de España (3.000 millones de euros) en su intervención para evitar su colapso.