Sólo podrán incluirse las anteriores al 31 de diciembre, que se podrán acoger al plan de pagos que avalará el Gobierno
Los ayuntamientos deberán presentar antes del 15 de marzo al Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas la lista de facturas pendientes de pagar a sus proveedores a fecha de 31 de diciembre de 2011.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que el Gobierno debe cambiar la legislación "temporalmente" para permitir las garantías por parte del Estado para hacer frente al pago de estas deudas y establecer una serie obligaciones que han de cumplir las administraciones públicas.
Ha explicado que la Comisión de Asuntos Económicos establecerá un conjunto de obligaciones legales para que las corporaciones locales comuniquen las deudas pendientes y asuman el compromiso de cumplir su pago con un plan de viabilidad.
En este sentido, ha añadido que el plan de ajuste que permita hacer frente al reintegro de esas deudas deberá remitirse al Ministerio de Hacienda antes del 31 de marzo.
"Un mecanismo que permita hacer frente al pago de estas deudas con un sistema que sea de una vez por todas. Para clarificar la situación de las deudas de este país y poner la situación en claro", ha atajado.
La vicepresidenta no ha avanzado los detalles del plan financiero que permitirá que autónomos y pymes puedan cobrar sus facturas pendientes con las administraciones, pero ha señalado que será una fórmula "ágil" y "eficaz", que se pondrá en marcha en un plazo breve.
Ha reiterado que el Ejecutivo trabaja en una fórmula que tenga el menor impacto económico y de afectación al déficit público.
Asimismo, ha sido tajante al asegurar que "se trata de poner orden y rigor y garantizar que las administraciones públicas cumplirán de ahora en adelante con los pagos".
En este sentido, ha indicado que lo primero que hay que hacer es "conocer lo que hay y así hacer frente de una vez por todas" a las deudas, "dejando claro que las administraciones deben someterse a un plan de viabilidad para cumplir con los criterios de estabilidad".
Sobre la nueva línea ICO destinada a las comunidades autónomas para pagar a sus proveedores, la vicepresidenta ha señalado que una vez que se produzca la modificación legal en el ámbito de los ayuntamientos, el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera adoptará los mecanismos de pago a los proveedores.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que el Gobierno debe cambiar la legislación "temporalmente" para permitir las garantías por parte del Estado para hacer frente al pago de estas deudas y establecer una serie obligaciones que han de cumplir las administraciones públicas.
Ha explicado que la Comisión de Asuntos Económicos establecerá un conjunto de obligaciones legales para que las corporaciones locales comuniquen las deudas pendientes y asuman el compromiso de cumplir su pago con un plan de viabilidad.
En este sentido, ha añadido que el plan de ajuste que permita hacer frente al reintegro de esas deudas deberá remitirse al Ministerio de Hacienda antes del 31 de marzo.
"Un mecanismo que permita hacer frente al pago de estas deudas con un sistema que sea de una vez por todas. Para clarificar la situación de las deudas de este país y poner la situación en claro", ha atajado.
La vicepresidenta no ha avanzado los detalles del plan financiero que permitirá que autónomos y pymes puedan cobrar sus facturas pendientes con las administraciones, pero ha señalado que será una fórmula "ágil" y "eficaz", que se pondrá en marcha en un plazo breve.
Ha reiterado que el Ejecutivo trabaja en una fórmula que tenga el menor impacto económico y de afectación al déficit público.
Asimismo, ha sido tajante al asegurar que "se trata de poner orden y rigor y garantizar que las administraciones públicas cumplirán de ahora en adelante con los pagos".
En este sentido, ha indicado que lo primero que hay que hacer es "conocer lo que hay y así hacer frente de una vez por todas" a las deudas, "dejando claro que las administraciones deben someterse a un plan de viabilidad para cumplir con los criterios de estabilidad".
Sobre la nueva línea ICO destinada a las comunidades autónomas para pagar a sus proveedores, la vicepresidenta ha señalado que una vez que se produzca la modificación legal en el ámbito de los ayuntamientos, el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera adoptará los mecanismos de pago a los proveedores.
