El vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda, ha instado hoy al Ejecutivo central y a los autonómicos a "una gran reflexión con visión de Estado" para lograr una legislación "homogénea y rigurosa" del alquiler vacacional de viviendas.

Durante el I Congreso Internacional Fuerteventura Turismo 4.0, donde Zoreda ha presentado la conferencia "Mitos, leyendas y sofismas del alquiler turístico de viviendas. Impactos reales y retos asociados", ha recomendado a las autoridades a dejar de lado la concepción "buenista" derivada de "mal llamada economía colaborativa".

Zoreda ha abogado por un análisis real de las consecuencias de esta práctica, atendiendo no solo a la necesidad de buscar una equidad competitiva, sino a un modelo socioeconómico "que sea sostenible".

El representante de Exceltur ha explicado, además, que el Estado debe ser quien lidere esta "unidad de acción" al estar prácticamente todas las grandes comunidades autónomas afectadas, ya que ha sostenido que hay que exigir e involucrar en la corresponsabilidad de la gestión de esa oferta a las plataformas "y penar con fuertes penalizaciones disuasorias a quienes se recreen en actuar al margen de la legalidad".

Asimismo, basándose en un estudio realizado por Nielsen y Ersnst & Young sobre el sector, encargado por Exceltur, ha puesto de manifiesto que la actividad de vivienda vacacional es un negocio cada vez más profesionalizado y lucrativo en España y conlleva que "grandes grupos de inversores estén comprando bloques de pisos a los bancos y a la Sareb para sacar una gran rentabilidad económica".

Los datos reflejan también la menor contribución fiscal del alquiler vacacional que, en gran medida, opera como economía sumergida, ya que "se estima que cerca de 800 millones de euros dejan de ingresar a las arcas públicas por falta de aplicación de tributos, como el IVA, y consolidando el potencial fraude fiscal".

Además, ha expuesto que el incremento en el precio del alquiler en las zonas donde existe mayor intensidad de vivienda vacacional "conlleva a la expulsión de los vecinos que se ven abocados a dejar su residencia habitual".

Todo ello, redunda, en que "se deteriore de manera sustancial la calidad de vida de los residentes", ha añadido.