Legal Music, empresa organizadora de las nueve ediciones (2007-2016) celebradas hasta la fecha del SOS 4.8, ha anunciado mediante un burofax a la consejera de Cultura, Noelia Arroyo, la suspensión del festival, cuya edición del décimo aniversario está prevista para el último fin de semana de abril de 2017. La titular de Cultura y Portavocía ha confirmado a este periódico la recepción del burofax y el contenido del mismo, si bien le ha restado importancia y trascendencia.

"Es un pulso de la empresa", asegura la consejera, quien muestra su pleno convencimiento de que el festival se llevará a cabo a pesar de las dificultades que se han presentado en las últimas semanas. La clave del asunto parece encontrarse en las dificultades económicas que atraviesa la empresa organizadora, que le ha llevado a anunciar un preconcurso de acreedores.

A juicio del personal de la consejería de Cultura, estas dificultades han llevado a Legal Music a pedir más dinero por la organización del festival. En concreto, según ha podido saber este periódico, la empresa pretende pasar de los 170.000 € más IVA (220.000 € en total) que ofrece la CARM a los 300.000 €. Además, al parecer, han pedido una garantía de que organizarán las próximas dos o tres ediciones, frente al contrato anual que se ha planteado hasta ahora.

A este dinero debe unirse el apoyo 'en especie': es decir, las cosas que la CARM le cede sin coste adicional a la organización, como, por ejemplo, la cesión del auditorio Víctor Villegas, entre otras infraestructuras. Lo mismo ocurre con el ayuntamiento, que, además de una subvención en metálico ofrece esos días los servicios de la Policía Local y otro personal sin repercutirlo en la empresa.

Los responsables autonómicos tienen absolutamente claro que no habrá ni un euro más que lo comprometido para este festival, aunque ello signifique retirar la confianza a Legal Music para buscar una nueva empresa organizadora.

En la comunicación de la compañía madrileña se recuerda a la consejería que legalmente no es posible organizar un evento musical llamado 'SOS 4.8' sin la participación de Legal Music. No obstante, en este punto Cultura parece tener la situación más que controlada pues en el Registro Oficial de Patentes y Marcas, organismo dependiente del Ministerio de Industria, es el Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la Región de Murcia (órgano que pertenece a la Consejería) quien tiene registrada esta marca para prácticamente cualquier uso imaginable): desde organización de festivales musicales hasta publicaciones, ropas, comercialización publicitaria, organización de congresos u hostelería y alimentación.

Garantías económicas

Hace un par de semanas, y ante las informaciones acerca de las dificultades económicas de Legal Music, fue la consejera Arroyo quien envió un burofax exigiendo a la empresa que le mostrara pruebas fehacientes de que estaba en condiciones logísticas y económicas de afrontar la celebración de un evento de esta magnitud para, en caso de que no fuera así, pudiera organizar un nuevo pliego y adjudicárselo a otra empresa. Cumplido el plazo que se daba en dicho requerimiento, la empresa nunca respondió.

Convencidos de que habrá SOS

A pesar de esta nueva vuelta de tuerca a una situación que se ha tensado de manera ininterrumpida en las últimas semanas (aunque se preveía desde la finalización de la última edición, cuando ya no salieron, como hasta entonces era tradicional, las entradas de la siguiente edición a la venta, la consejera de Cultura ha mostrado su pleno convencimiento de que el festival SOS se celebrará, e incluso tiene previstas algunas alternativas que estos días está perfilando con el resto de su equipo.

A pesar de que las entradas no han estado a la venta en ningún momento, sí que se han hecho algunas promociones y ofertas, por lo que hay un reducido número de personas que sí posee una entrada para el SOS 2017. Con esas personas, el SOS 2017 (lo organice quien lo organice) será "generoso" y podrán acceder al festival, si finalmente se celebra.

Lo cierto es que los plazos corren y hasta hoy el SOS 4.8 no tiene ningún acuerdo con ninguna banda. Hace alrededor de dos meses que se celebraron las pujas por los grandes grupos internacionales y el festival murciano, inmerso en la incertidumbre económica, no acudió a las mismas. Sea Legal Music o sea cualquier otra empresa la que lo organice, parece muy difícil que el festival murciano, en su décima edición, esté a la altura de las expectativas que un día levantó.

Destino: los juzgados

Así las cosas, y como ya anunció este periódico hace algunas semanas, lo único claro es que el conflicto parece encaminado sin remedio a los tribunales, donde se dirimirá si, como sostiene Legal Music, no puede haber festival sin su participación. Algunas fuentes jurídicas consultadas indican que este proceso, salvando las distancias, puede guardar ciertas similitudes con otros protagonizados por la CARM, como el del aeropuerto (se le quitó la gestión a Aeromur) y el de La 7 (en este caso, se retiró la confianza a la productora GTM). En ambos casos, y aunque hubo que compensar económicamente a las empresas damnificadas, los jueces se mostraron con sus sentencias más favorables a la Comunidad que a las compañías demandantes.

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