La Audiencia Provincial de Murcia ha confirmado sendas sentencias de un juzgado de lo Mercantil rechazando las “abusivas” minutas que ha presentado el abogado de las empresas Promociones Framadal y Construcciones Ruipomar por gestionar los concursos de acreedores de ambas mercantiles.

Este abogado, Andrés Campuzano, tasaba sus honorarios para ambas empresas en una cantidad cercana al millón de euros. En el caso de Promociones Framadal, la cantidad que pedía era de 399.724,98 euros que debían ir contra la masa de acreedores. En cambio, los administradores concursales valoraron el precio de este trabajo en 52.704,37 euros.

Según la sentencia de la Audiencia Provincial del 19 de enero, la gestión realizada por el abogado en el concurso de Framadal –después incorporado al de Ruipomar- “no fue compleja”, y se añade que “ni siquiera la preparación del concurso fue escrupulosa”. Se indica, asimismo, que el hecho de que fueran créditos contra la masa “no significaba que se pudiera imponer al concurso importes desorbitados, teniendo el letrado, no un derecho absoluto, sino un crédito que debía valorarse teniendo en cuenta los principios que ordenan el procedimiento concursal”.

En cuanto a la elaboración del concurso de Ruipomar, la sentencia en apelación a la Audiencia Provincial no ha sido aún publicada, pero las fuentes consultadas por este periódico afirman que también en ella se rechaza el recurso presentado por el abogado.

Finalmente, tanto Promociones Framadal como Construcciones Ruipomar han entrado en liquidación y es el administrador concursal, Carlos Llarena, quien gestiona la venta del patrimonio de ambas mercantiles para saldar las deudas. El principal patrimonio es un bloque de unas sesenta viviendas en Los Garres, aún no terminadas, y que una vez vendidas servirán para saldar un crédito de 4 millones de euros concedido al promotor por Cajamurcia, Santander y CAM, y otros dos millones de euros a los proveedores.