Cataluña está al borde del abismo y en Murcia también nos duele. Hay muchas familias nacidas aquí que viven y trabajan en aquellas tierras, y catalanes que son nuestros nuevos vecinos. Las relaciones humanas y comerciales, a lo largo de la historia, han sido prolijas. Ahora toman una especial relevancia cuando asistimos al enfrentamiento de un pueblo dividido por la pertinaz actitud antidemocrática de sus dirigentes.

La sociedad civil catalana es la que ha convocado y movilizado una de las mayores concentraciones democráticas este domingo en Barcelona. Como queda demostrado nuevamente, es dicha sociedad civil la que está tomando la iniciativa en temas cruciales.

Nosotros, como parte importante de ella en la Región de Murcia instamos a los poderes públicos a que cumplan con su obligación y sean garantes de la Ley. Deben tomar medidas coercitivas contempladas en nuestro marco jurídico para que, aquellos que incumplan la legalidad amparados en sus cargos políticos, sean apartados de cualquier responsabilidad pública y puestos a disposición judicial.

Hoy solo puedo pensar en aquellos que son la mayoría silenciosa, muchos nacidos en nuestra Comunidad Autónoma, que se ven arrinconados por un movimiento liderado por la intransigencia y que ha hecho saltar el marco legal y la convivencia por los aires.

Sus gobernantes actuales han entrado en una huida hacia ninguna parte y rompen todas las coberturas otorgadas por el marco constitucional, el estatuto y el propio reglamento parlamentario de la Cámara de representantes autonómica. Estas normas han sido esenciales durante el periodo más largo de democracia que ha tenido España y, por ende, Cataluña. Han aportado el escenario de convivencia en un país que sabe mucho de luchas fraticidas.

El propio Rey de España ha salido a reclamar cordura, respeto a las leyes y exigencia de protección para todos los demócratas, como son la inmensa mayoría de los catalanes, a quienes se debe defender frente a los que “han tirado por la calle del medio” de manera inconsciente y con la intención de hacer daño a las instituciones y a los ciudadanos que representan la voluntad popular mayoritaria.

Por otra parte, es el momento de los grandes gobernantes y no parece que los tengamos muy a mano.

Si, desde Cataluña, una parte importante de su población se siente ofendida por el Gobierno de España desde hace años, hay algún momento del relato histórico y de la acción social que no se ha manejado bien desde Madrid, lo cual no quiere decir que esa parte de la población esté en posesión de la verdad.

Es muy doloroso pensar en intereses electoralistas que han evidenciado los partidos independentistas como objetivo final para el que todo vale. Es el momento de templar los ánimos y llamar a la razón frente a la irracionalidad y la exaltación de supuestos sentimientos de opresión que, viendo la calidad de vida de este país, suenan ridículos.

Somos un Estado privilegiado en el mundo con una renta per cápita próxima a los 30.000 dólares. Cataluña es una de nuestras comunidades autónomas que lidera este ranking. Tenemos una situación de bienestar que ya quisieran la mayoría de los ciudadanos del mundo, y cuando oyes a los independentistas y grupos políticos afines, parecen hablar de países donde la democracia no aparece ni en los diccionarios por la censura, donde los derechos son conculcados por un dictador opresor y la calidad de vida de los ciudadanos es una penuria famélica.

Pero cuidado, la incentivación del enfrentamiento entre ciudadanos en Cataluña es lo que puede hacer caer en picado todos esos indicadores de bienestar.

¡Basta ya! De enfrentamientos que parece que solo quieren tapar otras cosas desde el gobierno catalán. Por ejemplo, hace cuánto que ya no se habla del mayor caso de corrupción habido nunca en España: el tres por ciento de los Puyol, etc. La fuga de grandes empresas, por miedo a la inseguridad jurídica generada por los independentistas, agrava el futuro de la Comunidad Autónoma con mayor endeudamiento del país. La desastrosa gestión del gobierno radical del presidente Puigdemont conduce a la persistente calificación de la deuda pública catalana como bono basura, según las agencias internacionales de calificación crediticia. Dicho estigma se mantiene desde hace casi una década. Les invalida para salir al mercado de la libre financiación y perjudica a las grandes corporaciones. Es el Gobierno de España quien mantiene sus compromisos de pago a través del FLA (Fondo de Liquidez Autonómica). La solidaridad de todos los españoles asegura la nómina de los funcionarios catalanes, pensiones, gasto corriente, etc.

Pido prudencia y mesura en la actuación del Gobierno de España, pero también contundencia y firmeza legal desde la Constitución y el Estatuto porque lo primero es el pueblo catalán y la mayoría no es independentista. No les dejemos solos.