El gasto social cae dos puntos, y el coste de la deuda pública sube un 5%
Los presupuestos generales del Estado para 2012 que se han presentado este martes están marcados por medidas de excepción para cuadrar un ajuste de 27.300 millones de euros: una amnistía fiscal parcial, el incremento de impuestos como IRPF y Sociedades y un histórico recorte de gasto ministerial.
Estos presupuestos están consagrados a conseguir una bajada del déficit desde el 8,51% del PIB (con el que se cerró 2011) al 5,3% comprometido con Bruselas, en un momento de recesión y sin tocar el gasto social.
Aunque la parte de esta reducción que le toca al Estado son 1,6 puntos de PIB (de 5,1 a 3,5), el esfuerzo fiscal total que va a realizar es de 2,5 puntos (27.300 millones) porque deben añadirse también obligaciones de ejercicios anteriores, coste de la deuda y las peculiaridades del sistema de financiación.
Con este panorama, se han buscado medidas excepcionales de carácter tributario para elevar los ingresos en 12.314 millones de euros (5.350 millones de Sociedades, 4.100 de IRPF y 2.500 de amnistía fiscal parcial).
Así, la primera medida peculiar ha sido acompañar los Presupuestos de un decreto ley para estimular la atracción de rentas no declaradas, con el objetivo de hacer aflorar alrededor de 25.000 millones de euros a los que se recargará un 10 % a cambio de pasar a la legalidad, lo que proporcionará ingresos de 2.500 millones.
Además, a las subidas avanzadas en diciembre del IRPF, el impuesto sobre los rendimientos del capital y el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) se suman ahora los cambios en el impuesto de sociedades y la modificación del impuesto especial sobre el tabaco.
Se busca acabar con la caída del tributo que pagan las grandes empresas con medidas para este año y el próximo.
De esta forma, se limita al 1% el máximo deducible por adquisición de entidades y reestructuraciones empresariales durante 2012 y 2013, y se elimina la libertad de amortización, que se mantendrá sólo para las pymes y siempre que vaya vinculada a la creación de empleo.
También durante dos años se amplía el pago fraccionado a todas las empresas cuyo resultado contable supere los 20 millones de euros y se reduce el actual límite de deducciones desde el 35 al 25 %, incluida la bonificación por reinversión de beneficios extraordinarios.
En el caso de las actividades de I+D (investigación y desarrollo) la deducción baja del 60 al 50%.
Tampoco serán deducibles los gastos financieros que excedan del 30 % del resultado bruto de explotación o Ebitda, aunque en todo caso será deducible un millón de euros. Esta medida tendrá carácter indefinido.
En cuanto al ajuste ministerial, se contempla una reducción del conjunto del gastos de los Ministerios del 16,9%, excluidas las obligaciones de ejercicios anteriores, hasta un total de 65.803 millones de euros.
Los ministerios que más recorte sufrirán en los presupuestos generales del Estado son los de Asuntos Exteriores y Cooperación (54,4%) y Fomento (34,6%), mientras que los menos afectados por la reducción de gasto serán Presidencia (3,8%) e Interior (4,3%).
En resumen, el pago de las pensiones aglutinará 37,1 euros de cada cien de los presupuestos, mientras que el desembolso en prestaciones por desempleo se llevará 9,2 euros
Además, 9,3 euros de cada cien se destinarán a financiar la deuda pública, un porcentaje muy similar al de las prestaciones por desempleo. De esta forma, la partida dedicada a financiar la deuda pública crece un 5,3% respecto a 2011, cuando se destinaron 8,7 euros de cada cien a esta actuación.
El gasto social sigue acaparando más de la mitad del presupuesto, 56,2 euros de cada cien frente a los 58 euros del año anterior. Así, las actuaciones de protección y promoción social absorberán 54 euros de cada cien. De ellos, además de los 46,3 euros que se llevan las pensiones y el desempleo, 1,8 euros irán a parar al fomento del empleo, 3,9 a otras prestaciones económicas, 0,9 a la gestión y administración de la Seguridad Social, 0,7 a los servicios y la promoción social, y 0,3 al acceso a la vivienda y el fomento de la edificación.
Dentro del gasto social también se incluye la producción de bienes públicos de carácter preferente, a la que se dedicarán 2,3 de cada cien euros. Por su parte, los servicios públicos básicos recibirán 5,7 euros de cada cien (en 2011 fueron 6,2), de los que 0,5 irán a justicia, 2,0 a defensa, 2,7 a seguridad ciudadana e Instituciones Penitenciarias, y 0,5 a política exterior.
Las actuaciones de carácter general se llevarán este año 29,3 de cada 100 euros, frente a los 25,4 del año anterior. Esta circunstancia se debe, además de al aumento en el coste de financiación de la deuda pública, al crecimiento de las transferencias a otras administraciones públicas y a que los gastos de la administración Financiera y Tributaria aglutinarán 1,7 euros de cada cien, al incluir la aportación de España al Mecanismo Europeo de Estabilidad. Por su parte, las actuaciones de carácter económico aglutinan 8,7 euros del presupuesto, de los que agricultura, pesca y alimentación absorberá 2,7 euros; infraestructuras, 2,2 euros; industria y energía, 0,6 euros; e investigación, desarrollo e innovación civil y militar, 2 euros.
Estos presupuestos están consagrados a conseguir una bajada del déficit desde el 8,51% del PIB (con el que se cerró 2011) al 5,3% comprometido con Bruselas, en un momento de recesión y sin tocar el gasto social.
Aunque la parte de esta reducción que le toca al Estado son 1,6 puntos de PIB (de 5,1 a 3,5), el esfuerzo fiscal total que va a realizar es de 2,5 puntos (27.300 millones) porque deben añadirse también obligaciones de ejercicios anteriores, coste de la deuda y las peculiaridades del sistema de financiación.
Con este panorama, se han buscado medidas excepcionales de carácter tributario para elevar los ingresos en 12.314 millones de euros (5.350 millones de Sociedades, 4.100 de IRPF y 2.500 de amnistía fiscal parcial).
Así, la primera medida peculiar ha sido acompañar los Presupuestos de un decreto ley para estimular la atracción de rentas no declaradas, con el objetivo de hacer aflorar alrededor de 25.000 millones de euros a los que se recargará un 10 % a cambio de pasar a la legalidad, lo que proporcionará ingresos de 2.500 millones.
Además, a las subidas avanzadas en diciembre del IRPF, el impuesto sobre los rendimientos del capital y el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) se suman ahora los cambios en el impuesto de sociedades y la modificación del impuesto especial sobre el tabaco.
Se busca acabar con la caída del tributo que pagan las grandes empresas con medidas para este año y el próximo.
De esta forma, se limita al 1% el máximo deducible por adquisición de entidades y reestructuraciones empresariales durante 2012 y 2013, y se elimina la libertad de amortización, que se mantendrá sólo para las pymes y siempre que vaya vinculada a la creación de empleo.
También durante dos años se amplía el pago fraccionado a todas las empresas cuyo resultado contable supere los 20 millones de euros y se reduce el actual límite de deducciones desde el 35 al 25 %, incluida la bonificación por reinversión de beneficios extraordinarios.
En el caso de las actividades de I+D (investigación y desarrollo) la deducción baja del 60 al 50%.
Tampoco serán deducibles los gastos financieros que excedan del 30 % del resultado bruto de explotación o Ebitda, aunque en todo caso será deducible un millón de euros. Esta medida tendrá carácter indefinido.
En cuanto al ajuste ministerial, se contempla una reducción del conjunto del gastos de los Ministerios del 16,9%, excluidas las obligaciones de ejercicios anteriores, hasta un total de 65.803 millones de euros.
Los ministerios que más recorte sufrirán en los presupuestos generales del Estado son los de Asuntos Exteriores y Cooperación (54,4%) y Fomento (34,6%), mientras que los menos afectados por la reducción de gasto serán Presidencia (3,8%) e Interior (4,3%).
En resumen, el pago de las pensiones aglutinará 37,1 euros de cada cien de los presupuestos, mientras que el desembolso en prestaciones por desempleo se llevará 9,2 euros
Además, 9,3 euros de cada cien se destinarán a financiar la deuda pública, un porcentaje muy similar al de las prestaciones por desempleo. De esta forma, la partida dedicada a financiar la deuda pública crece un 5,3% respecto a 2011, cuando se destinaron 8,7 euros de cada cien a esta actuación.
El gasto social sigue acaparando más de la mitad del presupuesto, 56,2 euros de cada cien frente a los 58 euros del año anterior. Así, las actuaciones de protección y promoción social absorberán 54 euros de cada cien. De ellos, además de los 46,3 euros que se llevan las pensiones y el desempleo, 1,8 euros irán a parar al fomento del empleo, 3,9 a otras prestaciones económicas, 0,9 a la gestión y administración de la Seguridad Social, 0,7 a los servicios y la promoción social, y 0,3 al acceso a la vivienda y el fomento de la edificación.
Dentro del gasto social también se incluye la producción de bienes públicos de carácter preferente, a la que se dedicarán 2,3 de cada cien euros. Por su parte, los servicios públicos básicos recibirán 5,7 euros de cada cien (en 2011 fueron 6,2), de los que 0,5 irán a justicia, 2,0 a defensa, 2,7 a seguridad ciudadana e Instituciones Penitenciarias, y 0,5 a política exterior.
Las actuaciones de carácter general se llevarán este año 29,3 de cada 100 euros, frente a los 25,4 del año anterior. Esta circunstancia se debe, además de al aumento en el coste de financiación de la deuda pública, al crecimiento de las transferencias a otras administraciones públicas y a que los gastos de la administración Financiera y Tributaria aglutinarán 1,7 euros de cada cien, al incluir la aportación de España al Mecanismo Europeo de Estabilidad. Por su parte, las actuaciones de carácter económico aglutinan 8,7 euros del presupuesto, de los que agricultura, pesca y alimentación absorberá 2,7 euros; infraestructuras, 2,2 euros; industria y energía, 0,6 euros; e investigación, desarrollo e innovación civil y militar, 2 euros.
