El titular del juzgado de instrucción n 5, José de la Mata, ha impuesto una fianza de 80 millones de euros a los ex directivos de Caixanova acusados de administración desleal y blanqueo en la concesión de un préstamo a una sociedad vinculada a antiguos gestores de la entidad.

Esta cantidad coincide con el supuesto deterioro ocasionado a la caja gallega por el ex presidente Julio Fernández Gayoso, los ex directores generales Gregorio Gorriarán y José Luis Pego, el subdirector general de la caja entre 2009 y 2010, Domingo González, y el director de la oficina principal José Benito Parente.

La Fiscalía sostiene que en otoño de 2005 Caixanova concedió un crédito a la sociedad Promalar, en la que contaban con intereses el que fuera presidente de la entidad Guillermo Alonso y el consejero Fernando García del Valle, con el objetivo de "ayudar a reflotarla" dadas sus "serias dificultades económicas.

En opinión del Ministerio Público, los máximos gestores gallegos "querían beneficiar económicamente a los accionistas por su estrecha relación" con la caja, "facilitando su salida de la sociedad en condiciones favorables" a pesar de contravenir los intereses de la propia Caixanova.

Para ello "se simularon contratos que ocultaban la verdadera naturaleza y la finalidad de las operaciones de financiación concedidas a Promalar", fundada en 1999 por el también investigado Juan Lago, que era su administrador, para la compraventa de inmuebles y la promoción inmobiliaria.

Promalar recibió un primer préstamo de Caixanova de 60 millones de euros y posteriormente otros dos, uno de 9,25 millones y otro de 5 millones de euros.

Pero el destino de los fondos no fue reflotar la empresa, sino beneficiar a sus accionistas mediante transferencias a varias cuentas bancarias, según la Fiscalía Anticorrupción.

El daño ocasionado trascendería a los propios intereses de Caixanova, al tratarse de una entidad intervenida por el Banco de España y que ha pasado a ser administrada por el Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB), por lo que se trata de un caso de "grave repercusión en la seguridad de la economía nacional".