Las inspecciones serán conjuntas con técnicos de la Consejería y de los ayuntamientos
La consejería de Presidencia publica este viernes el Plan de Inspección Ambiental de la industria, que contempla la realización de 230 inspecciones a otras tantas industrias de la Región.
El objetivo de este Plan es comprobar el grado de cumplimiento de la normativa ambiental y de los requisitos impuestos en las autorizaciones ambientales de las actividades e instalaciones potencialmente contaminantes.
Además de las inspecciones programadas, el plan de inspección contempla otras labores de control y denuncia de hechos o actividades que puedan constituir una infracción ambiental, realizadas por los Agentes Medioambientales, los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, o la Policía Local en los distintos municipios.
Durante este año, según figura en la Orden de la Consejería, las inspecciones se realizarán con el personal de los ayuntamientos para conseguir que la inspección ambiental se realice siguiendo los mismos criterios en la aplicación de la normativa ambiental y con los mismos protocolos de actuación. “Con ello se pretende –según dice la Orden- mayor eficacia y optimización de los recursos y medios disponibles por las administraciones”.
El objetivo de este Plan es comprobar el grado de cumplimiento de la normativa ambiental y de los requisitos impuestos en las autorizaciones ambientales de las actividades e instalaciones potencialmente contaminantes.
Además de las inspecciones programadas, el plan de inspección contempla otras labores de control y denuncia de hechos o actividades que puedan constituir una infracción ambiental, realizadas por los Agentes Medioambientales, los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, o la Policía Local en los distintos municipios.
Durante este año, según figura en la Orden de la Consejería, las inspecciones se realizarán con el personal de los ayuntamientos para conseguir que la inspección ambiental se realice siguiendo los mismos criterios en la aplicación de la normativa ambiental y con los mismos protocolos de actuación. “Con ello se pretende –según dice la Orden- mayor eficacia y optimización de los recursos y medios disponibles por las administraciones”.







