Quienes se ‘autodenuncien’ y paguen en un plazo de tres meses no serán sancionados
Las rentas no declaradas no prescribirán y se imputarán al último periodo impositivo no prescrito, mientras que se adelanta el momento en que la Agencia Tributaria podrá adoptar medidas cautelares, incluidos embargos, en casos de procedimientos tributarios y de delito fiscal.
Así figura en el anteproyecto de ley de medidas de lucha contra el fraude fiscal, aprobado hoy por el Consejo de Ministros, y tras el que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha explicado que se trata de ganar equidad tributaria e incrementar la recaudación aunque ha evitado un cálculo sobre los posibles ingresos.
"Por supuesto aumentará la recaudación, pero no queremos incluir ninguna cifra que no tenga las mayores garantías" ha asegurado el ministro, con el objetivo de conseguir una mayor credibilidad de los presupuestos generales del Estado.
En cuanto a las medidas para garantizar el cobro de las deudas tributarias ha dicho que se quiere aumentar la capacidad cautelar de Hacienda para evitar que cuando se llega al final de un procedimiento hayan desaparecido los bienes del investigado.
Según la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en los tribunales españoles hay expedientes fiscales abiertos pendientes de cobro por valor de 6.000 millones de euros.
El anteproyecto prevé que se limiten los pagos en efectivo a cantidades inferiores a 2.500 euros y que sean sujetos infractores tanto el pagador como el receptor del pago, con una sanción del 25% del valor del pago en efectivo.
El ámbito de aplicación de esta limitación serán las operaciones realizadas entre empresas y/o profesionales, por personas físicas con empresas y/o profesionales, y no se aplicará a las operaciones realizadas exclusivamente entre particulares o con entidades de crédito.
El límite es de 15.000 euros cuando el pagador sea un particular no residente, con el fin, según Montoro, "de favorecer al turista que viene a hacer compras en España".
Además, se eximirá de sanción al sujeto que voluntariamente comunique el pago en efectivo a la administración en los tres meses de haberse producido el pago.
El plan crea una nueva obligación de informar sobre cuentas y valores en el extranjero con un modelo de declaración que se habilitará a tal efecto y cuyo incumplimiento conllevará una sanción específica.
Dentro del régimen de módulos, se establece la exclusión del régimen de estimación objetiva para aquellos empresarios que facturen menos del 50 % de sus operaciones a particulares.
Así figura en el anteproyecto de ley de medidas de lucha contra el fraude fiscal, aprobado hoy por el Consejo de Ministros, y tras el que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha explicado que se trata de ganar equidad tributaria e incrementar la recaudación aunque ha evitado un cálculo sobre los posibles ingresos.
"Por supuesto aumentará la recaudación, pero no queremos incluir ninguna cifra que no tenga las mayores garantías" ha asegurado el ministro, con el objetivo de conseguir una mayor credibilidad de los presupuestos generales del Estado.
En cuanto a las medidas para garantizar el cobro de las deudas tributarias ha dicho que se quiere aumentar la capacidad cautelar de Hacienda para evitar que cuando se llega al final de un procedimiento hayan desaparecido los bienes del investigado.
Según la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en los tribunales españoles hay expedientes fiscales abiertos pendientes de cobro por valor de 6.000 millones de euros.
El anteproyecto prevé que se limiten los pagos en efectivo a cantidades inferiores a 2.500 euros y que sean sujetos infractores tanto el pagador como el receptor del pago, con una sanción del 25% del valor del pago en efectivo.
El ámbito de aplicación de esta limitación serán las operaciones realizadas entre empresas y/o profesionales, por personas físicas con empresas y/o profesionales, y no se aplicará a las operaciones realizadas exclusivamente entre particulares o con entidades de crédito.
El límite es de 15.000 euros cuando el pagador sea un particular no residente, con el fin, según Montoro, "de favorecer al turista que viene a hacer compras en España".
Además, se eximirá de sanción al sujeto que voluntariamente comunique el pago en efectivo a la administración en los tres meses de haberse producido el pago.
El plan crea una nueva obligación de informar sobre cuentas y valores en el extranjero con un modelo de declaración que se habilitará a tal efecto y cuyo incumplimiento conllevará una sanción específica.
Dentro del régimen de módulos, se establece la exclusión del régimen de estimación objetiva para aquellos empresarios que facturen menos del 50 % de sus operaciones a particulares.
