El control de la empresa se lo dividirán el estado y las provincias argentinas
La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, declaró hoy de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de la petrolera YPF, controlada por Repsol.
La presidenta argentina enviará al Senado el proyecto de ley que expropia la mayoría de las acciones de la petrolera y que declara de "interés público nacional" el sector de hidrocarburos, según se anunció en un acto encabezado hoy por Fernández en la Casa Rosada, sede de la presidencia argentina, y transmitido en cadena nacional.
De las acciones expropiadas, el 51 por ciento pasarán a estar bajo control del Estado y el 49 por ciento restante se distribuirán entre las provincias, de acuerdo con el proyecto de ley, que consta de 19 artículos.
La valoración de la compañía será efectuada por el tribunal de tasaciones, agrega el texto, que faculta al poder ejecutivo y al interventor del Estado en la empresa a "adoptar todas las acciones y recaudos necesarios hasta que asuma el control de YPF S.A. a efectos de garantizar el abastecimiento de hidrocarburos".
El proyecto incluye la "remoción de la totalidad de directores" de la compañía y pretende garantizar la "continuidad operativa".
El anuncio de la nacionalización de YPF se produce después de cuatro meses de presiones del Gobierno argentino contra la petrolera, a la que acusa de una caída en la producción por falta de inversión.
La presidenta argentina enviará al Senado el proyecto de ley que expropia la mayoría de las acciones de la petrolera y que declara de "interés público nacional" el sector de hidrocarburos, según se anunció en un acto encabezado hoy por Fernández en la Casa Rosada, sede de la presidencia argentina, y transmitido en cadena nacional.
De las acciones expropiadas, el 51 por ciento pasarán a estar bajo control del Estado y el 49 por ciento restante se distribuirán entre las provincias, de acuerdo con el proyecto de ley, que consta de 19 artículos.
La valoración de la compañía será efectuada por el tribunal de tasaciones, agrega el texto, que faculta al poder ejecutivo y al interventor del Estado en la empresa a "adoptar todas las acciones y recaudos necesarios hasta que asuma el control de YPF S.A. a efectos de garantizar el abastecimiento de hidrocarburos".
El proyecto incluye la "remoción de la totalidad de directores" de la compañía y pretende garantizar la "continuidad operativa".
El anuncio de la nacionalización de YPF se produce después de cuatro meses de presiones del Gobierno argentino contra la petrolera, a la que acusa de una caída en la producción por falta de inversión.
