Estas empresas contrataban a 3.800 trabajadores ‘fantasma’ a los que cobraban para que percibieran desempleo
La Inspección de Trabajo de Murcia ha anulado desde 2009 un total de 34 empresas ficticias, sin actividad económica real, que permitían la cotización de 3.800 falsos trabajadores que acumulaban prestaciones por un valor total de 7,8 millones de euros, y mantiene en proceso de investigación a otras 132 compañías posiblemente inexistentes.
Estos son los datos que ha aportado hoy el director territorial y jefe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Diego Martínez, en rueda de prensa previa a su comparecencia ante la Comisión Especial de Trabajo de la Asamblea Regional de Murcia.
Martínez ha explicado que estas empresas ficticias se crean pero no desarrollan ninguna actividad económica real y se convierten en una fuente de emisión de facturas falsas, a la vez que cobran a sus supuestos trabajadores para inscribirles en la Seguridad Social permitiendo así que más tarde puedan recibir prestaciones por desempleo, por enfermedad o maternidad o por jubilación, aunque no estén desarrollando ningún trabajo.
Según ha señalado, en la Región la Inspección de Trabajo cuenta con tres inspectores y 10 subinspectores dedicados a la investigación de la economía sumergida, tanto laboral como empresarial, y ha señalado que en este campo se han fijado 8.516 actuaciones a desarrollar en 2012, cuatro veces más de las que se llevaron a cabo en 2006.
En cuanto a los datos del primer trimestre de 2012, Martínez ha señalado que la Inspección de Trabajo ha impuesto 240 faltas relacionadas con las altas en la Seguridad Social, ha detectado 451 casos de empleo aflorado y 90 personas extranjeras sin permiso de trabajo realizando diversos trabajos.
Además, en el primer trimestre se han detectado 104 casos de personas que desarrollaban trabajos sin declarar para continuar cobrando prestaciones por desempleo.
Esta cifra es la misma del total de casos detectados en los años 2007 y 2008, ha señalado.
Según ha explicado, los datos sobre la economía sumergida entre 2006 y 2012 han mantenido una cierta "estabilidad". Por ejemplo, en 2006 se detectaron 1.200 trabajadores sin dar de alta en la seguridad social, mientras que en 2011 los casos fueron 1.257.
Sin embargo, ha apuntado, esta estabilidad no es real, ya que la población activa en 2006 era "muy superior" a la actual, por lo que hay un crecimiento relativo de la economía sumergida.
En su opinión, el de la economía sumergida es un "problema de tipo social", ya que existe una "clara tolerancia" a este tipo de fraude, unida a la percepción de que las contribuciones de los trabajadores a la seguridad social son mayores de lo que después perciben.
"Para luchar contra la economía sumergida es necesario un cambio en la concepción social, ser conscientes de que en función de lo que cada trabajador aporta a la seguridad social, mayores prestaciones por desempleo, enfermedad o jubilación recibirá en el futuro", ha señalado.
Medidas como el aumento de la vigilancia o de las sanciones puestas en marcha en mayo de 2011 por el Gobierno central "han tenido una efectividad casi nula, por no decir ninguna", ha subrayado.
Estos son los datos que ha aportado hoy el director territorial y jefe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Diego Martínez, en rueda de prensa previa a su comparecencia ante la Comisión Especial de Trabajo de la Asamblea Regional de Murcia.
Martínez ha explicado que estas empresas ficticias se crean pero no desarrollan ninguna actividad económica real y se convierten en una fuente de emisión de facturas falsas, a la vez que cobran a sus supuestos trabajadores para inscribirles en la Seguridad Social permitiendo así que más tarde puedan recibir prestaciones por desempleo, por enfermedad o maternidad o por jubilación, aunque no estén desarrollando ningún trabajo.
Según ha señalado, en la Región la Inspección de Trabajo cuenta con tres inspectores y 10 subinspectores dedicados a la investigación de la economía sumergida, tanto laboral como empresarial, y ha señalado que en este campo se han fijado 8.516 actuaciones a desarrollar en 2012, cuatro veces más de las que se llevaron a cabo en 2006.
En cuanto a los datos del primer trimestre de 2012, Martínez ha señalado que la Inspección de Trabajo ha impuesto 240 faltas relacionadas con las altas en la Seguridad Social, ha detectado 451 casos de empleo aflorado y 90 personas extranjeras sin permiso de trabajo realizando diversos trabajos.
Además, en el primer trimestre se han detectado 104 casos de personas que desarrollaban trabajos sin declarar para continuar cobrando prestaciones por desempleo.
Esta cifra es la misma del total de casos detectados en los años 2007 y 2008, ha señalado.
Según ha explicado, los datos sobre la economía sumergida entre 2006 y 2012 han mantenido una cierta "estabilidad". Por ejemplo, en 2006 se detectaron 1.200 trabajadores sin dar de alta en la seguridad social, mientras que en 2011 los casos fueron 1.257.
Sin embargo, ha apuntado, esta estabilidad no es real, ya que la población activa en 2006 era "muy superior" a la actual, por lo que hay un crecimiento relativo de la economía sumergida.
En su opinión, el de la economía sumergida es un "problema de tipo social", ya que existe una "clara tolerancia" a este tipo de fraude, unida a la percepción de que las contribuciones de los trabajadores a la seguridad social son mayores de lo que después perciben.
"Para luchar contra la economía sumergida es necesario un cambio en la concepción social, ser conscientes de que en función de lo que cada trabajador aporta a la seguridad social, mayores prestaciones por desempleo, enfermedad o jubilación recibirá en el futuro", ha señalado.
Medidas como el aumento de la vigilancia o de las sanciones puestas en marcha en mayo de 2011 por el Gobierno central "han tenido una efectividad casi nula, por no decir ninguna", ha subrayado.