Las ejecuciones hipotecarias, o embargos de una propiedad para su venta tras el impago de un crédito, en viviendas habituales disminuyeron un 53,3% en el primer trimestre del año en comparación con el mismo periodo de 2017, según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Sin embargo, a tenor de la última estadística, este tipo de embargos ha experimentado un repunte del 14,7% desde el pasado diciembre.

El número total de viviendas de personas físicas, tanto habituales como de otro tipo, objeto de una ejecución hipotecaria ascendió a 2.638, un 53% menos respecto a los tres primeros meses de 2017, y un 7,4% menos que en el último trimestre del año pasado.

En total, hasta marzo se registraron un total de 14.183 certificaciones por ejecución hipotecaria, un 17,8% menos que un año antes.

De ellas, 13.428 correspondieron a fincas urbanas, un 18,2% menos que en el mismo periodo de referencia de 2017, y 755 a fincas rústicas, un 9,3% menos.

Las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas concentraron el 47,2%; un 14,3% del total son viviendas habituales de personas físicas, mientras que el 28,6% pertenece a personas jurídicas y el 4,3% a otras habituales de particulares.

Tomando como referencia las viviendas familiares existentes en España hasta marzo, 18,5 millones según el INE, el 0,01% iniciaron una ejecución hipotecaria en ese periodo.

Por su parte, los embargos de otras fincas urbanas (locales, garajes, oficinas, trasteros, naves, edificios destinados a viviendas, otros edificios y aprovechamientos urbanísticos) suponen el 41,1% del total.

En cuanto al estado de las propiedades embargadas, un 16,9% lo fueron sobre viviendas nuevas, que descendieron un 3,3% respecto al pasado año, y un 83,1% sobre usadas, que lo hicieron un 30,6%.

Asimismo, el INE destaca que un 54,6 de las ejecuciones iniciadas sobre viviendas corresponde a hipotecas constituidas entre 2005 y 2008.

Por comunidades autónomas, las que muestran mayor número de certificaciones de embargo son Comunidad Valenciana (2.812), Cataluña (2.688) y Andalucía (2.453), todo lo contrario que País Vasco (120), Navarra (124) y Baleares (208).

Teniendo en consideración únicamente los procedimientos sobre viviendas, repiten como líderes de la tabla Andalucía (1.358), Cataluña (1.336) y Comunidad Valenciana (1.240), en tanto que Navarra (33), País Vasco (36) y Galicia (90) registraron el menor número de casos.