La empresa de Cartagena se pone a disposición de los investigadores y afirma que su pescado cuenta con todos los “certificados correspondientes
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Ante las informaciones publicadas hoy sobre el desmantelamiento de una trama de capturas ilegales de atún rojo, el Grupo Ricardo Fuentes afirma que la investigación está inicialmente centrada en unas empresas situadas en Valencia, “con las que no tenemos vinculación ni comercial ni societaria de ningún tipo”.
Afirman también que la empresa siempre ha estado disponible para aclarar cualquier hecho. Piden también “respeto y prudencia, pues en juego está el modo de vida de casi 800 familias que dependen de los puestos de trabajo de nuestro grupo, y las noticias que ahora están saliendo en los medios o no son veraces en muchas de sus acusaciones, o nos involucran en actividades con las que no tenemos relación, como alertas sanitarias con las que nada tenemos nada que ver”.
La empresa con sede en La Palma (Cartagena) afirma que “siempre hemos trabajado conforme a la legislación regional, nacional e internacional, declarando toda nuestra actividad que se realiza siempre siguiendo todas las indicaciones que establece la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT)”
Aseguran también que todas las operaciones, barcos e instalaciones disponen de todos los certificados necesarios, estando en todo momento controlados por las administraciones y organismos competentes. “El control es constante e integral lo que garantiza que nuestra actividad es legal y ajustada a lo que establece la normativa”:
De la misma forma insisten en que todos los productos que comercializa el Grupo Fuentes disponen de un documento electrónico (llamado eDCA o, por sus siglas en inglés, eBCD) que refleja la trazabilidad de todo el proceso, desde la captura, el transporte, la ubicación en la granja, el sacrificio y por fin la comercialización por lo que cumple todas las garantías sanitarias.
Y recalcan que “precisamente al estar llevándose a cabo la investigación judicial, nuestro ánimo es colaborar al máximo con la Justicia y el Seprona, razón por la que la empresa aclarará cuanto sea preciso y dará las explicaciones oportunas ante el Juzgado de Instrucción”.




