El Ayuntamiento, que verá reducido su presupuesto en 3 M€, tiene unas deudas de 28,9 millones
El ministerio de Hacienda ha informado de forma desfavorable el plan de ajuste presentado por el Ayuntamiento de Totana para acogerse al mecanismo extraordinario de pago a sus proveedores, por lo que éstos cobrarán del Estado y éste descontará el importe de la deuda de la participación municipal en los Presupuestos Generales.
En un comunicado, la alcaldesa de Totana, Isabel Sánchez, ha anunciado hoy esta decisión del Ministerio, que afecta, según la nota, al 20 por ciento de los ayuntamientos españoles y que acarreará en su municipio la reducción "inmediata" de tres millones de euros en el presupuesto municipal para este año.
Además, ha dicho que el pago directo a proveedores a través de Hacienda supondrá una reducción de casi el cincuenta por ciento de las aportaciones estatales al presupuesto municipal, lo que obliga al ayuntamiento a reelaborar sus cuentas para este año.
Este ahorro de tres millones se obtendrá, afirma la regidora, de la venta de patrimonio municipal, la reducción del capítulo I de personal, el reajuste y eliminación de algunos servicios y la "obligación de devolver servicios 'impropios' que son competencia de otras administraciones".
El ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas argumenta en su informe, según el comunicado, que el plan de ajuste "no recoge ingresos suficientes para financiar los gastos corrientes y los servicios públicos", y que el nivel de carga financiera del ayuntamiento es "elevado".
El ayuntamiento de Totana certificó el pasado marzo ante el Ministerio una deuda de 28,9 millones de euros, por lo que se solicitaron a través de la línea de créditos establecida por el Gobierno un total de 8.747 facturas, a 677 empresas proveedoras.
Después de que no se haya autorizado la concertación de la operación de endeudamiento, Isabel Sánchez ha trasladado un mensaje de "tranquilidad, responsabilidad y serenidad" a los proveedores de este ayuntamiento porque "cobrarán hasta el último euro".
Sánchez ha informado de que "en adelante el consistorio no gestionará el pago a sus proveedores directamente con las entidades bancarias para devolver ese dinero en 10 años -como recogía el real decreto-, sino que se realizará con el Estado con un período de devolución de 15 años".
Se ha referido al "grave riesgo" que, de hecho, suponía para la viabilidad del plan un tipo de interés superior al 5% y un período de carencia de dos años, como ya han advertido algunos alcaldes.
Ha subrayado que el plan de ajuste presentado está "bien elaborado y era coherente y ajustado a las necesidades socioeconómicas actuales", y ha insistido en que se ha llegado a esta situación por la caída de los ingresos reales.
"No estamos dispuestos a incrementar la carga impositiva a los vecinos", ha dicho Sánchez, quien reitera que se adoptarán las medidas necesarias "de funcionamiento interno" para dar continuidad al plan de ajuste y estabilidad presupuestaria con vistas a "buscar viabilidad y estabilidad a las arcas municipales", pero "sin subir la presión fiscal".
Sobre las consecuencias para los proveedores de esta negativa de Hacienda, la alcaldesa explica que la deuda con los proveedores se abonará por parte del Ministerio a costa de los ingresos que el Ayuntamiento recibe del Estado, de tal forma que cerca del 50% de los tributos que el Ayuntamiento recibe del Ministerio se destinarán directamente para compensar esta deuda con los proveedores.
"Ni somos el único ayuntamiento de la Región ni el único de España, ya que el 20% de éstos van a seguir el mismo proceso", según Sánchez, quien rechaza actitudes políticas "apocalípticas, dramáticas y de alarma social" e insta a todos los grupos políticos a trabajar para garantizar el futuro de las arcas y los servicios municipales.
Asimismo, ha dicho que es tiempo de buscar soluciones tomando decisiones -aunque sean "impopulares y drásticas"- y no de sacar "rentabilidad política y electoral".
La alcaldesa, que ya ha informado de esta decisión de Hacienda al consejero murciano del ramo, Juan Bernal, tiene previsto reunirse la próxima semana con el presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, y con el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Enrique Ossorio.
En un comunicado, la alcaldesa de Totana, Isabel Sánchez, ha anunciado hoy esta decisión del Ministerio, que afecta, según la nota, al 20 por ciento de los ayuntamientos españoles y que acarreará en su municipio la reducción "inmediata" de tres millones de euros en el presupuesto municipal para este año.
Además, ha dicho que el pago directo a proveedores a través de Hacienda supondrá una reducción de casi el cincuenta por ciento de las aportaciones estatales al presupuesto municipal, lo que obliga al ayuntamiento a reelaborar sus cuentas para este año.
Este ahorro de tres millones se obtendrá, afirma la regidora, de la venta de patrimonio municipal, la reducción del capítulo I de personal, el reajuste y eliminación de algunos servicios y la "obligación de devolver servicios 'impropios' que son competencia de otras administraciones".
El ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas argumenta en su informe, según el comunicado, que el plan de ajuste "no recoge ingresos suficientes para financiar los gastos corrientes y los servicios públicos", y que el nivel de carga financiera del ayuntamiento es "elevado".
El ayuntamiento de Totana certificó el pasado marzo ante el Ministerio una deuda de 28,9 millones de euros, por lo que se solicitaron a través de la línea de créditos establecida por el Gobierno un total de 8.747 facturas, a 677 empresas proveedoras.
Después de que no se haya autorizado la concertación de la operación de endeudamiento, Isabel Sánchez ha trasladado un mensaje de "tranquilidad, responsabilidad y serenidad" a los proveedores de este ayuntamiento porque "cobrarán hasta el último euro".
Sánchez ha informado de que "en adelante el consistorio no gestionará el pago a sus proveedores directamente con las entidades bancarias para devolver ese dinero en 10 años -como recogía el real decreto-, sino que se realizará con el Estado con un período de devolución de 15 años".
Se ha referido al "grave riesgo" que, de hecho, suponía para la viabilidad del plan un tipo de interés superior al 5% y un período de carencia de dos años, como ya han advertido algunos alcaldes.
Ha subrayado que el plan de ajuste presentado está "bien elaborado y era coherente y ajustado a las necesidades socioeconómicas actuales", y ha insistido en que se ha llegado a esta situación por la caída de los ingresos reales.
"No estamos dispuestos a incrementar la carga impositiva a los vecinos", ha dicho Sánchez, quien reitera que se adoptarán las medidas necesarias "de funcionamiento interno" para dar continuidad al plan de ajuste y estabilidad presupuestaria con vistas a "buscar viabilidad y estabilidad a las arcas municipales", pero "sin subir la presión fiscal".
Sobre las consecuencias para los proveedores de esta negativa de Hacienda, la alcaldesa explica que la deuda con los proveedores se abonará por parte del Ministerio a costa de los ingresos que el Ayuntamiento recibe del Estado, de tal forma que cerca del 50% de los tributos que el Ayuntamiento recibe del Ministerio se destinarán directamente para compensar esta deuda con los proveedores.
"Ni somos el único ayuntamiento de la Región ni el único de España, ya que el 20% de éstos van a seguir el mismo proceso", según Sánchez, quien rechaza actitudes políticas "apocalípticas, dramáticas y de alarma social" e insta a todos los grupos políticos a trabajar para garantizar el futuro de las arcas y los servicios municipales.
Asimismo, ha dicho que es tiempo de buscar soluciones tomando decisiones -aunque sean "impopulares y drásticas"- y no de sacar "rentabilidad política y electoral".
La alcaldesa, que ya ha informado de esta decisión de Hacienda al consejero murciano del ramo, Juan Bernal, tiene previsto reunirse la próxima semana con el presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, y con el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Enrique Ossorio.