La Región de Murcia y Valencia son las dos únicas comunidades autónomas bajo la lupa del ministerio de Hacienda por incumplir el periodo medio de pago a proveedores –conocido como PMP-. En ambos casos superan el tiempo legal de 30 días.

Las consecuencias, según se recoge en la normativa aprobada en 2012, son restricciones en el aumento de gasto, requerimientos del Ministerio y “nuevas medidas de ajuste en el plan de tesorería”, que se mantendrían hasta pasados seis meses una vez cumplido el PMP de 30 días. De mantener esta irregularidad, las comunidades autónomas pasarían al ‘nivel 4’ y se enfrentarían a retenciones en las transferencias de capital y posibles sanciones económicas de hasta el 0,2% de su PIB. En el caso de la Región, esta sanción podría alcanzar los 60 millones de euros.

Según recoge un informe elaborado por el Banco de España, son las comunidades las administraciones que mayor tiempo tardan en pagar a los proveedores y las que mantienen una mayor deuda comercial registrada en los últimos años, aunque el banco central admite que los tiempos se están reduciendo paulatinamente.