Acabar con el sistema tributario de ‘Módulos’ ¿conseguirá disminuir el déficit público?
Recientemente, los inspectores de Hacienda han propuesto al Gobierno Central reducir o eliminar el sistema tributario denominado ‘Módulos’. Esta iniciativa tiene como objetivo principal incrementar las arcas del Estado y reducir el déficit público. También tiene la misión de evitar la proliferación de facturas falsas. Esta iniciativa se enmarca en el nuevo ‘Plan de Control Tributario 2012,’ el cual está en el punto de mira del Gobierno de Mariano Rajoy.
La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado considera que el régimen de estimación objetiva o módulos requiere una reforma "urgente y en profundidad". En concreto piden que se adecue al principio de capacidad económica al tiempo que exigen la exclusión del mismo de aquellas actividades que facturan a otros profesionales y empresarios.
En este sistema de tributación, al que se pueden acoger las personas físicas o comunidades de bienes, el cálculo de los beneficios y del Impuesto de Valor Añadido (IVA) a ingresar por el empresario no está relacionado con su facturación, es decir, no depende de los beneficios que tengan cada año, depende de ciertas unidades de módulos para cada actividad.
Por ello, los inspectores alegan que es necesario que el régimen de módulos se aplique exclusivamente a los contribuyentes que realicen actividades agrícolas o económicas cuando el 80% del valor de los bienes entregados o servicios prestados se destinen a contribuyentes sin derecho a ninguna deducción o beneficio tributario por tales adquisiciones, dicho de otro modo, a personas no a empresarios.
En concreto proponen la reducción del límite de facturación o ventas a los contribuyentes que realicen actividades agrícolas (300.000 euros) o económicas (450.000 euros) a 100.000 euros en ambos casos. Según los inspectores, una empresa que factura más de 100.000 euros puede disponer de una asesoría mínima o adquirir un programa informático contable básico.
Igualmente apuestan por disminuir las compras que hagan a 50.000 euros, cantidad que es indicativa de la capacidad económica para llevar algún tipo de contabilidad, asimismo proponen la exclusión de este régimen de módulos a aquellas actividades en las que se detecta que existe un volumen relevante de facturación irregular como es el caso de la albañilería o el transporte de mercancías, entre otros.
Como bien se conoce, la tributación por módulos se creó por la dificultad de controlar totalmente las ventas minoristas, también se puso en marcha por la dificultad que entraña tener que exigir a determinados empresarios algunas obligaciones contables y libros de registro. Sin embargo, desde el Fisco, se alerta de que este régimen ha facilitado la proliferación de facturas falsas, situación que se ha incrementado por la actual crisis económica, por lo que esta modalidad de fraude ha tenido un ‘efecto multiplicador’ tanto en los impuestos directos (Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas –IRPF- e Impuesto de Sociedades) como en el IVA.
La Agencia Tributaria ha indicado que la tributación media por IRPF e IVA de un empresario en módulos no debe exceder de 10.000 euros. Y por ello añaden que un sólo emisor de facturas falsas ocasiona un “ahorro fiscal” a otros empresarios desaprensivos del 30% en el Impuesto de Sociedades y del 18% en el IVA. Esto significa que un sólo emisor de facturas falsas, en el límite de 450.000 euros, puede ocasionar un quebranto a las arcas públicas del 48% (216.000 euros), más de 20 veces la cantidad ingresada por cada empresario honesto en el régimen de módulos.
Es por esto que desde varios años atrás se está pidiendo, por parte de ciertos sectores de la Agencia Tributaria, que se elimine este sistema de tributación o por lo menos se deje inaplicable a ciertos sectores en los que todavía se permite tributar por módulos, pero dicho día, ya sea por presiones políticas o por los propios empresarios, todavía no ha llegado.
Muchos empresarios deberán pagar más impuestos a las arcas del Estado si son retirados los módulos y en esta época de crisis no es lo aconsejable. También se corre el peligro de que no proliferen las facturas falsas pero sí la economía sumergida. Entendemos que la polémica está servida. Ahora le toca mover ficha bajo estas insinuaciones de los inspectores de Hacienda al Ejecutivo nacional.
Otros artículos de Antonio J. Pérez Madrid
La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado considera que el régimen de estimación objetiva o módulos requiere una reforma "urgente y en profundidad". En concreto piden que se adecue al principio de capacidad económica al tiempo que exigen la exclusión del mismo de aquellas actividades que facturan a otros profesionales y empresarios.
En este sistema de tributación, al que se pueden acoger las personas físicas o comunidades de bienes, el cálculo de los beneficios y del Impuesto de Valor Añadido (IVA) a ingresar por el empresario no está relacionado con su facturación, es decir, no depende de los beneficios que tengan cada año, depende de ciertas unidades de módulos para cada actividad.
Por ello, los inspectores alegan que es necesario que el régimen de módulos se aplique exclusivamente a los contribuyentes que realicen actividades agrícolas o económicas cuando el 80% del valor de los bienes entregados o servicios prestados se destinen a contribuyentes sin derecho a ninguna deducción o beneficio tributario por tales adquisiciones, dicho de otro modo, a personas no a empresarios.
En concreto proponen la reducción del límite de facturación o ventas a los contribuyentes que realicen actividades agrícolas (300.000 euros) o económicas (450.000 euros) a 100.000 euros en ambos casos. Según los inspectores, una empresa que factura más de 100.000 euros puede disponer de una asesoría mínima o adquirir un programa informático contable básico.
Igualmente apuestan por disminuir las compras que hagan a 50.000 euros, cantidad que es indicativa de la capacidad económica para llevar algún tipo de contabilidad, asimismo proponen la exclusión de este régimen de módulos a aquellas actividades en las que se detecta que existe un volumen relevante de facturación irregular como es el caso de la albañilería o el transporte de mercancías, entre otros.
Como bien se conoce, la tributación por módulos se creó por la dificultad de controlar totalmente las ventas minoristas, también se puso en marcha por la dificultad que entraña tener que exigir a determinados empresarios algunas obligaciones contables y libros de registro. Sin embargo, desde el Fisco, se alerta de que este régimen ha facilitado la proliferación de facturas falsas, situación que se ha incrementado por la actual crisis económica, por lo que esta modalidad de fraude ha tenido un ‘efecto multiplicador’ tanto en los impuestos directos (Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas –IRPF- e Impuesto de Sociedades) como en el IVA.
La Agencia Tributaria ha indicado que la tributación media por IRPF e IVA de un empresario en módulos no debe exceder de 10.000 euros. Y por ello añaden que un sólo emisor de facturas falsas ocasiona un “ahorro fiscal” a otros empresarios desaprensivos del 30% en el Impuesto de Sociedades y del 18% en el IVA. Esto significa que un sólo emisor de facturas falsas, en el límite de 450.000 euros, puede ocasionar un quebranto a las arcas públicas del 48% (216.000 euros), más de 20 veces la cantidad ingresada por cada empresario honesto en el régimen de módulos.
Es por esto que desde varios años atrás se está pidiendo, por parte de ciertos sectores de la Agencia Tributaria, que se elimine este sistema de tributación o por lo menos se deje inaplicable a ciertos sectores en los que todavía se permite tributar por módulos, pero dicho día, ya sea por presiones políticas o por los propios empresarios, todavía no ha llegado.
Muchos empresarios deberán pagar más impuestos a las arcas del Estado si son retirados los módulos y en esta época de crisis no es lo aconsejable. También se corre el peligro de que no proliferen las facturas falsas pero sí la economía sumergida. Entendemos que la polémica está servida. Ahora le toca mover ficha bajo estas insinuaciones de los inspectores de Hacienda al Ejecutivo nacional.
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