El ex vicepresidente primero del Consejo de Administración de la CAM, el murciano Ángel Martínez, ha señalado que todas las decisiones que adoptó este órgano contaron con un informe favorable del equipo directivo de la entidad, que eran los encargados de "la estructura de funcionamiento" de la misma.

Martínez, que fue nombrado consejero de la CAM en febrero de 2007 a propuesta del ayuntamiento de Puerto Lumbreras, del PP, ha comparecido hoy en la comisión de investigación de Las Cortes Valencianas sobre la intervención de esta caja de ahorros por parte del Banco de España.

El ex consejero, que ha asegurado que "jamás" ha recibido "presiones políticas" de la Generalitat ni del Gobierno de Murcia para que la caja invirtiera en determinados proyectos como Polaris World, ha explicado que el consejo se limitaba a "informar los expedientes de acuerdo con la documentación" que recibían de la dirección.

"Nuestra labor era analizar, dirigir y gestionar la obra social, pero a la hora de la propuesta o denegación de un crédito jamás ningún miembro del consejo tuvo capacidad de decisión", ha insistido, a la vez que ha contextualizado lo ocurrido en la CAM en "una etapa de crecimiento, donde la oferta de dinero a empresarios y promotores era constante".

La Dirección General, ostentada por Roberto López Abad hasta 2010 y posteriormente por María Dolores Amorós, y su equipo, entre los que estaban el director adjunto, los directores generales de las áreas y los directores territoriales, eran los responsables de "la actividad económica-financiera" de la caja, ha explicado.

En este sentido ha defendido que la información que se les facilitaba por la dirección siempre "cumplía cada uno de los ratios establecidos por el Banco de España" y las auditorías realizadas de las cuentas de la caja "se presentaban sin ninguna salvedad".

Martínez también ha responsabilizado a la dirección y al presidente de la CAM del proceso que se inició para buscar "socios" a instancias del Banco de España, lo que llevó a tener contactos con Caja Madrid, de los que "nunca" se informó al Consejo de Administración, con Caja Murcia y con Caja Astur, que fue la que "cristalizó" finalmente.

La diputada de Compromís Mireia Mollà ha criticado que el consejo de administración solo estaba para "dar el visto bueno", a pesar de que la ley "les otorgaba competencias para realizar labores de inspección" y el parlamentario socialista Ángel Luna ha incidido en que los consejeros debían saber cuándo, cómo y a quién se daban los créditos.

Luna le ha recriminado que su objetivo al acudir a esta comisión parlamentaria es "evitar" que salga de ella algo que le pueda perjudicar "ante el Banco de España", pero le ha advertido de que no va a lograr "salirse de rositas" en esta ocasión.

Desde EU, el diputado Lluís Torró ha criticado que los consejeros cobraban hasta 46.000 euros en dietas por participar en otras entidades, "el doble del salario medio en España", ante lo que Martínez ha argumentado que cuando entró en este órgano "automáticamente" pasó a ocupar la vicepresidencia de las sociedades Incomed y Gesfimed así como de la comisión de inversiones.

El ex vicepresidente ha afirmado que no recordaba "en absoluto" que el consejo de administración aprobara que el presidente, Modesto Crespo, cobrara 300.000 euros en dietas.