El Gobierno ha aprobado un real decreto que establece un precio máximo mensual de 3 euros o incluso la gratuidad de las cuentas bancarias básicas y el acceso a una tarjeta para los colectivos vulnerables o en riesgo de exclusión. 

En palabras de la ministra de Economía, Nadia Calviño, se da así un paso más para garantizar la inclusión de estos colectivos y su acceso a servicios financieros que se consideran esenciales para participar en la actividad económica.

El coste máximo de esta cuenta no podrá superar los 3 euros al mes, en línea con el de otros países europeos, y cubre todos los servicios, con un límite para transferencias y domiciliaciones de 120 operaciones anuales. Sin embargo, las personas más vulnerables tendrán acceso gratuito a este tipo de servicios "para que nadie se quede fuera del sistema financiero", ha añadido Calviño.

"No hay inclusión social sin inclusión financiera", ha expresado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. 

Las cuentas de pago básicas permiten realizar servicios bancarios como tener domiciliada la nómina, disponer de una tarjeta de débito, realizar retiradas de efectivo en cajeros y transferencias dentro de la Unión Europea.

Para determinar si una persona se encuentra en situación de vulnerabilidad se evaluará la renta y el número de miembros de la unidad familiar utilizando el Indicador de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM). 

"El criterio utilizado es, básicamente, el mismo que el que se emplea para establecer el acceso a la justicia gratuita", ha explicado la titular de Economía. 

Las entidades financieras tienen la obligación de informar y ofrecer la apertura de esta cuenta en las condiciones establecidas a las personas que lo soliciten y acrediten su situación.

En el plazo de 12 meses a partir de la entrada en vigor del real decreto aprobado este viernes, el Ministerio de Economía y Empresa realizará un informe para evaluar el acceso a las cuentas de pago básicas y la definición de situación de especial vulnerabilidad o riesgo de exclusión financiera.

Esta norma se incluye dentro del marco europeo de la directiva de Cuentas de Pago Básicas que, con el fin de alcanzar la plena inclusión financiera, establece el derecho de todo ciudadano a disponer de los servicios de una cuenta de pago básica a un precio razonable.